Más de 60 colectivos participaron en la marcha para reclamar una condonación de la deuda como en Valencia
31 may 2021 . Actualizado a las 09:05 h.Dicen los convocantes, la plataforma Defensa do Común, que el objetivo, en el fondo, es «ir gañando a confianza da xente, crear unha conciencia entre os coruñeses sobre o transcendente deste proceso», verbaliza Ricardo Vales. Por eso, que ayer cientos de personas —800 manifestantes según los cálculos de la Policía Local y 3.000 según los de la organización— se sumaran a su llamada contra la «especulación» en el puerto interior de A Coruña, cuya deuda asciende a los 300 millones de euros, es un esfuerzo especialmente valioso en tiempos de pandemia.
En total, su llamamiento, que no contó con un respaldo del gobierno municipal como sí pasó en la marcha del 2017, reunió a más de 60 colectivos y a él se sumaron el BNG, con la presencia de la portavoz nacional, Ana Pontón, y del diputado en el Congreso, Néstor Rego; Galicia en Común, representada por Antón Gómez Reino, y la Marea Atlántica, con la presencia del exalcalde Xulio Ferreiro. A nivel comarcal, estuvo Alternativa dos Veciños.
«Queremos que se acabe coa farsa, que consiste en que se firme no Parlamento galego e no Concello a condonación da débeda por unanimidade e despois chegue de Madrid Francisco Toledo, o presidente de Puertos del Estado, e diga que non, que hai que vender o peirao e San Diego para gañar cartos e facer pisos. Pedímoslles que esixan a Puertos del Estado que cambie as súas declaracións», expresó Manuel Monge, de Defensa do Común, en la marcha, que calificó de «multitudinaria».
Las proclamas se alternaban. Desde «A Coruña non se vende» e «Inés, escoita, A Coruña está en loita». Pero, si ayer hubo una ciudad cuyo nombre se repitió en el trayecto desde la plaza de A Palloza hasta María Pita fue la de la capital valenciana. «Preguntámonos por que Valencia si, e A Coruña non», remarcó la nacionalista Ana Pontón ante lo que califica de «agravio».
La comparación mediterránea
El motivo es que, mientras en el caso de la ciudad mediterránea el Estado sí va asumir, con cargo a los Presupuestos Generales, la deuda de su entidad portuaria, los 350 millones que costó la remodelación del puerto valenciano para acoger la Copa América y las carreras de Fórmula 1, la postura sobre A Coruña es opuesta. Tal posibilidad quedó excluida de los acuerdos de investidura. Tanto en el del PSOE con Unidas Podemos como en el alcanzado con el BNG. Un logro que sí se apuntó Compromís.
En A Coruña, la deuda de la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior en punta Langosteira con el objetivo de prevenir situaciones como la del Prestige supone un montante de 300 millones. Con la apertura de los mulles de Batería, Calvo Sotelo y San Diego, la ciudad ganará un preciado espacio, pero la Administración central exige que pague por ellos y propone aprovechar solares para urbanizar y sacar de ahí un rendimiento económico. «Un disparate, que paguemos con cartos públicos uns terreos que xa son públicos», reprochó Pontón, crítica con la postura de la Xunta, que se ha ofrecido a asumir una parte del pago.
Mientras, la concejala María García, de la Marea Atlántica, valoró que el ejecutivo local de Rey decidiese revisar el convenio del 2004, que preveía urbanizar toda la zona, «foi un éxito cidadá chegar ao consenso de que non se perpetrase ese pelotazo urbanístico, pero non se pode baixala garda. Isto precisa un debate público e non a porta pechada, sen compartir co resto da corporación».
La pasada semana, Inés Rey volvió a hacer hincapié sin embargo en otro llamamiento, el del «diálogo e serenidade» entre los partidos y Administraciones para definir el futuro del espacio.
La transición de la dársena, un reto enfrascado desde el 2004 donde ya hay «avances»
La apertura de los muelles interiores es una oportunidad que todos los grupos coinciden al calificar como histórica. Las fricciones surgen en el cómo se hará dicha transición. Desde María Pita indican que su propuesta es redactar un plan director de ordenación y después conformar un ente público que ejecute el proyecto. Subrayan que hay «avances» desde la firma de los convenios del 2004, que preveían pagar la deuda de 300 millones de la obra del puerto exterior mediante la venta de esos terrenos y la urbanización de los mismos, y que el ejecutivo local descartó.
En lo relativo a estos «avances», en febrero se reunieron por primera vez todas las Administraciones implicadas (Concello, Xunta, Gobierno, Diputación, Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y Renfe). La próxima cita se prevé en junio.
Por su parte, el Gobierno autonómico ha ofrecido otro plan. Lo presentó Alberto Núñez Feijoo en la reunión que mantuvo hace un mes con Inés Rey y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Propone que la Xunta aporte 20,2 millones de euros para adquirir el 51 % de los terrenos del puerto y garantizar así su titularidad pública. La alternativa de Feijoo es que sean las Administraciones las que compren los terrenos. Sin embargo, la alcaldesa respondió que la apertura de los muelles no puede empezar «subastando» terrenos.
El Gobierno central ha acordado reestructurar el débito, pero subraya que el puerto debe rentabilizar sus activos para facilitar el pago. Mientras, tanto el BNG como la Marea son tajantes e insisten en la condonación total de lo debido como primer paso antes de proponer otras soluciones.
