La plantilla tras la intervención de Alu Ibérica: «Un juez no nos va a dar un plan industrial»
A CORUÑA CIUDAD
Alcoa «colaborará» con el proceso en las plantas de A Coruña y Avilés mientras Grupo Riesgo dice que probará su «transparencia»
10 may 2021 . Actualizado a las 12:49 h.Son optimistas, pero lo justo. El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que ha ordenado la intervención de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, sienten los trabajadores, refrenda sus denuncias sobre la situación de ambas factorías. Sin embargo, los representantes de las plantillas son realistas. «Ten que haber unha intervención paralela por parte da Administración central para que isto teña percorrido máis aló do ámbito xudicial», remarca Juan Carlos López Corbacho, el presidente del comité de A Grela.
En Avilés, la valoración de su homólogo, José Manuel Gómez de la Uz, es similar. «Somos conscientes de que es una figura judicial la que nos tutelará. No viene a administrar, sino a controlar. Ningún juez nos va a dar un proyecto industrial, un futuro, trabajo. Eso depende de la política», apunta el representante sindical asturiano. Y, sobre tal medida, no hay noticias a la vista. En el primer día de la tutela judicial «nadie se ha puesto en contacto con nosotros», continúa de la Uz. Lo mismo, en A Coruña. «Hai que agardar aos próximos pasos», dice Corbacho.
La medida cautelar solicitada por Anticorrupción obliga a que todos los movimientos sean supervisados por un interventor judicial, papel que recae en funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Seguridad Social. Esta tutela de seis meses podrá ampliarse ante los indicios de un delito de «descapitalización» por parte de Alcoa cuando vendió ambas instalaciones. Un «desfalco», en palabras de la Uz. Una «estafa» para Corbacho.
Balones fuera
Mientras los empleados claman por la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), las compañías por las que han pasado ambos centros en estos dos años echan balones fuera. «Respetamos y cooperamos con la autoridad judicial, pero Alcoa vendió las plantas en julio del 2019 a Parter. Una venta avalada por el Gobierno y apoyada por los representantes sindicales. Cuando Alcoa se enteró de la venta de acciones de Parter a Grupo Riesgo en abril del 2020 presentó una demanda contra el primero», indican desde la multinacional estadounidense, dueña aún de la fábrica de Cervo (Lugo). «Los responsables de cumplir el contrato de venta son los nuevos propietarios», se defiende Alcoa.
Grupo Riesgo, por su parte, asegura que «la propiedad, administración y gestión no experimentará ningún cambio». Creen también que «el trabajo diario con el equipo interventor permitirá demostrar la transparencia con la que siempre ha actuado la dirección de Alu Ibérica y reforzará su defensa en esta causa».
Desde los comités, insisten: «Hai que reverter as decisións destes dous anos. Nunca asinamos con Parter nin con Grupo Riesgo. A titularidade ten que volver a Alcoa -sostiene Corbacho-. Ela é a maquinadora do que está a pasar. A que inventou este proceso ao seu antollo e escolleu a Parter, un fondo suízo. Quería pechar as plantas en diferido e buscou socios que lle fixeran a función máis sucia».
La producción «pírrica», sentencia de la Uz, es otro síntoma del «intencionado» desmantelamiento industrial.
Inspección de Trabajo recaba pruebas de los «impagos» en la planta de A Coruña
Son varios los frentes abiertos en Alu Ibérica. El otro, por el que se celebrará juicio en la Audiencia Nacional el 20 de mayo, es por el conflicto colectivo por supuestos incumplimientos en el ERE pactado en julio del 2019, cuando Alcoa vendió los dos centros. «Non se cumpriu ningún dos puntos acordados hai dous anos e o prazo está a piques de expirar», avisa Juan Carlos López Corbacho. «Ante as denuncias que estamos a cursar ante o Ministerio de Traballo, tivemos unha visita da Inspección. Presentámoslle a documentación que demostra os retrasos e impagos nas nóminas», añadía este miércoles.
Valoración política
Las reacciones políticas tras el auto de la Audiencia Nacional, y sobre las que ya se pronunció el martes Bruselas, continuaron ayer. La directora general de Industria del Gobierno asturiano, Rosana Prada, señaló que las decisiones adoptadas por el juzgado van a evitar «que se realicen operaciones en detrimento de la planta» y permitirán «reconducir la actividad y el mantenimiento del empleo». En A Coruña, la alcaldesa socialista, Inés Rey, afeó a la Xunta su «menor implicación» en Alu Ibérica. Por su parte, la otra Administración protagonista en este conflicto, la central, se pronunció a través de su delegado en Galicia. José Miñones manifestó que el Ejecutivo central «no va a parar» en la «defensa» de los trabajadores. Pero, sobre la intervención que estos reclaman, no avanzó cambios.
