La Audiencia Nacional decreta la intervención judicial de Alu Ibérica por el riesgo de descapitalización
A CORUÑA CIUDAD
Las factorías de A Coruña y Avilés estarán tuteladas un mínimo de seis meses
05 may 2021 . Actualizado a las 11:36 h.Después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional irrumpiera en las instalaciones de Alu Ibérica en A Coruña el pasado mes de marzo con el objetivo de reunir documentación y testimonios ante un presunto delito de descapitalización, el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional intervino ayer judicialmente la plantas de aluminio de A Coruña y Avilés ante las evidencias de las presuntas irregularidades.
En el auto, el juzgado apunta que la venta efectuada por Alcoa en el 2019, primero al fondo suizo Parter, que luego revendió las fábricas al Grupo Riesgo (en concreto a su brazo inversor, System Capital Management), contribuyó «a la imposibilidad de reflotarlas», con el consiguiente perjuicio a las plantillas. Ante esta situación, la petición de medidas cautelares efectuada por el Ministerio Fiscal el 12 de marzo «se advierte como la más adecuada y proporcionada en este momento procesal», explica la magistrada.
En su auto, expone que «System Capital Management habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción, en lo que en este momento inicial de la instrucción, no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial de los mismos».
Esta tutela judicial de las fábricas, decretada con fecha del 27 de abril, se toma por un tiempo de medio año, «prorrogándose, en su caso, por períodos iguales de seis meses». El juzgado ha designado como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Intervención General de la Seguridad Social, que tendrán que avalar cualquier decisión de los administradores de la empresa que suponga la disposición de activos de la misma.
Investigación de la Audiencia
La intervención se deriva de la investigación iniciada por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a raíz de la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas gallega y asturiana de Alcoa. Responde, después, a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la intervención judicial de las sociedades, según explica el auto, una medida que «no interrumpe la actividad empresarial».
El juzgado ve la intervención como la medida «más adecuada y proporcionada en este momento procesal» con el objetivo de «evitar que las entidades querelladas puedan realizar operaciones que incidan en la, de momento, indiciaria actuación de descapitalización y despatrimonialización de ambos centros de producción». Todo esto se hace, añade el auto, «en aras de salvaguardar los derechos y expectativas de los trabajadores, de los acreedores o de las Administraciones Públicas que pudieren resultar afectados por las prácticas, sujetas a investigación, de los actuales gestores y administradores».
Reacciones en las plantas
Desde el comité de empresa de la factoría coruñesa valoraron «moi positivamente a decisión. Estamos dispostos a colaborar activamente para que se esclareza todo. A gran culpable desta situación, desta estafa, é Alcoa por promover, patrocinar e financiar esta situación durante dous anos. A Administración tamén ten culpa por non facer o seguimento que lle tocaba. O ERE está vivo», denunció Juan Carlos López Corbacho, del comité de A Coruña. Sus homólogos de Avilés insisten en una idea: la intervención por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). «Parece que nos están dando la razón, pero vamos paso a paso, con cautela. Estas acciones son judiciales y no industriales, no nos van dar un futuro. Instamos al Gobierno a que también se moje y, a través de la SEPI, intervenga las plantas y busque una solución industrial», apuntó José Manuel Gómez de la Uz, del comité de Avilés.
Por su parte, fuentes próximas a Alu Ibérica indican que están estudiando el auto.
Bruselas dice que vigilará «de cerca» la represión sindical, aunque la resolucion compete a los jueces
La Comisión Europea aseguró ayer tras la intervención que la resolución del conflicto en Alu Ibérica corresponde a los tribunales nacionales, en este caso la Audiencia Nacional, pero ha señalado que vigilará «de cerca» la situación de los representantes sindicales de los trabajadores.
Desde San Caetano, las críticas fueron ayer por la situación que se vive en Cervo (Lugo), en la factoría que todavía es propiedad de la multinacional Alcoa. El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, criticó que el Gobierno central estuviera «ausente» en la negociación para la compraventa de esta fábrica y lo insta a «rectificar» y volver a la mesa de negociaciones. Mientras, desde el BNG piden a la SEPI que tome el control de Alu Ibérica tras la intervención judicial.
La «represión» en A Grela
La decisión judicial se conoció ayer en el mismo día en el que el comisario de Empleo de la Unión Europea (UE), Nicolas Schmit, manifestó su «preocupación» por la situación de «represión» contra los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña. Se trata de la respuesta a la denuncia efectuada por Esquerda Unida (EU), a la que Schmit ha contestado por carta asegurando que su equipo «supervisará de cerca la situación». En marzo, después de los registros de los agentes de la UDEF, la formación alertó a Bruselas sobre «a gravidade da persecución á que se estaba a someter aos representantes sindicais dos traballadores de Alu Ibérica na Coruña», tras el despido de cuatro de ellos.
