El acuerdo del 2004 para construir en los muelles de A Coruña ya no está vigente

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA

A CORUÑA CIUDAD

ANGEL MANSO

El Ayuntamiento afirma que los convenios no son válidos al menos desde octubre del año pasado

15 abr 2021 . Actualizado a las 09:26 h.

En los próximos días, el gobierno local de A Coruña informará a la Xunta y al Gobierno central de que los polémicos convenios del 2004, que preveían pagar la obra del puerto exterior de punta Langosteira mediante la construcción de miles de viviendas en los muelles interiores, en especial en el de San Diego, ya no están vigentes.

La alcaldesa, Inés Rey, comunicó el pasado viernes al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que el Ayuntamiento pondría en marcha los mecanismos para invalidar esos acuerdos. Así se había acordado en la cumbre de María Pita del 23 de febrero, convocada por la regidora, en la que esas tres Administraciones, el ADIF, Puertos del Estado y la Diputación, acordaron que el marco legal del 2004 está obsoleto y debe ser reemplazado.

Fuentes del gobierno local señalaron que hay múltiples motivos para concluir que esos documentos carecen de validez. Los servicios municipales consideran que hay cinco causas de derogación intrínsecas a los propios convenios. El firmado el 4 de febrero del 2004 no fue publicado en el BOE ni sometido a exposición pública, los plazos de vigencia se han superado sin que se haya firmado una prórroga, hay artículos que suponen una «vulneración de normas imperativas» o incurren en «arbitrariedades unilaterales» -como condicionar la potestad pública de planeamiento urbanístico- o que la elaboración de los documentos no contó con la participación del órgano competente en materia de costas.

Pero más allá de que pudiesen ser derogados, según las mismas fuentes, los acuerdos ya no están vigentes. El motivo se detalla en un informe de la Abogacía del Estado sobre los convenios anteriores a la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que indica que solo serán válidos durante un período de cuatro años tras la entrada en vigor de esa normativa. Ese plazo venció el 2 de octubre del 2020. Es más, según una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo emitida el año pasado, el plazo de prescripción de los convenios urbanísticos es de 15 años, por lo que la extinción de los del 2004 es automática.

Por lo tanto, el Ayuntamiento solo deberá comunicar de manera formal esa extinción automática a las otras dos partes del pacto.

Las críticas a los convenios del 2004 partieron en un primer momento del BNG, pero en los últimos cinco años todos los partidos políticos coincidieron en que su aplicación era imposible, porque la caída del mercado inmobiliario impediría incluso obtener los fondos previstos por la urbanización de los muelles. Aunque esa opinión se generalizó, no fue hasta este mismo año cuando se dieron pasos para anularlos.

El plan ahora es redactar un nuevo marco jurídico que permita abordar tanto el problema de la deuda de la obra de Langosteira, que asciende a 300 millones de euros, como la urbanización de los muelles de Batería, Calvo Sotelo y San Diego. Ese documento debe quedar listo en un plazo de seis meses. Su redacción se hará en una comisión que contará con representantes de todas las Administraciones y en la que, insistió ayer Inés Rey, se debatirán las distintas propuestas para los muelles.

La Xunta ya ha planteado una iniciativa. Prevé una inversión total de más de 57,7 millones de euros para urbanizar Batería, Calvo Sotelo y soterrar el tráfico en la Avenida do Porto, que se integraría en los muelles y los jardines de Méndez Núñez. El Gobierno gallego plantea iniciar las obras el año que viene por Batería, con el fin de que todo el proyecto quede listo en junio del 2026. Ha comprometido además una inversión de al menos 20,2 millones de euros para sufragar el plan, al que ha invitado a sumarse a las demás Administraciones.

La Xunta insta a acelerar el trámite de expropiaciones para la obra del tren a Langosteira

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, instó ayer a avanzar en la obra del enlace ferroviario de punta Langosteira -confirmada la semana pasada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos- iniciando antes del mes de julio los trámites para ejecutar las expropiaciones.

La previsión del Gobierno central es que ese mes se confirmen los 140 millones de euros de fondos europeos con los que se pagará la obra. La licitación, añadió el ministro, se produciría inmediatamente después, aunque antes será preciso ejecutar algunos trámites previos. Uno de ellos es el de expropiaciones, que la Xunta propone agilizar con el fin de no retrasar más la infraestructura, que es imprescindible para la viabilidad del puerto exterior de Langosteira y la liberación de los muelles interiores de A Coruña.

Vázquez lanzó ese planteamiento en respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Mercedes Queixas sobre el futuro del puerto y contra la posible venta de terrenos. La conselleira aprovechó el debate para instar a los nacionalistas a colaborar con la apertura y urbanización de los muelles interiores, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Diputación, en donde forman parte del gobierno. Vázquez insistió en que el Bloque podría contribuir a que esos espacios sean públicos.

La conselleira se refería al plan lanzado la semana pasada por la Xunta, en el que se prevén una serie de inversiones por parte de las Administraciones para urbanizar el puerto. La previsión del Gobierno gallego es que la Diputación también participe, y así lo señaló el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que invitó a ese organismo a sumarse.