Cuando el sistema no da respuesta y son los ciudadanos los que tienen que arreglar los problemas directamente se abre la puerta a algo muy peligroso
26 mar 2021 . Actualizado a las 10:06 h.Quien tenga memoria y viaje a la segunda mitad de los ochenta y primera de los noventa recordará lo que supuso la heroína en esta ciudad. Afectó a toda la urbe, pero en algunas zonas su impacto resultó demoledor. Una fue el barrio de las Flores. Gracias a su laberíntica disposición y el estar apartado (no había entonces Matogrande ni Ofimático), se convirtió en un lugar propicio para el trapicheo.
Muchos allí aún recuerdan a los chavales que, poco a poco, se convirtieron en zombis. Luego, algunos en cadáveres. También rememoran las redadas de la policía con carreras y gritos por los bloques. Y, cómo no, el estigma de aquel conjunto arquitectónico que, dicen, es una obra maestra. La verdad es que cuando ibas allí a jugar a la polideportiva no lo hacías con ojos de admiración ante la obra de Corrales, sino con canguelo.
Nadie quiere volver a aquello en un barrio hoy tranquilo, familiar y sede de algunas admirables entidades sociales. Por eso cuando, de pronto, un grupo de personas se instalan en una casa deshabitada y empiezan a despachar drogas se disparan todas las alarmas. Vuelven los fantasmas. Se siente la angustia. Y, por lo que se pudo ver, la impotencia de comprobar que el sistema no funciona. Ayer señalaba en La Voz el propietario del chalé ocupado que puso la denuncia en julio. El miércoles era un vecino decía: «Entramos a saco y los echamos, ya estábamos hartos». Entre una cosa y otra, se abre la puerta a la ley de la selva. Esa en la que los ciudadanos con la sangre caliente aplican las medidas coercitivas que la legislación reserva a las fuerzas del orden, previo mandato judicial. Esa en la que nada está regulado y, por tanto, no hay límites. Esa en la que un día va a ocurrir una verdadera desgracia que nos haga abrir los ojos de verdad.