Un tren por el empleo


La decisión de construir un puerto exterior, algo necesario para el crecimiento y para la propia seguridad de la ciudad de A Coruña y de toda la costa gallega, se acordó como una inversión en compensación tras la catástrofe del Prestige; nuestras autoridades locales de entonces supieron aprovechar la oportunidad de comprometer para la ciudad una infraestructura de estas características. Hasta ahí bien. El problema surgió cuando llegó el momento de plasmar esa inversión en el cuestionado emplazamiento elegido y se vinculó el grueso de su financiación a fondos que pudiesen obtenerse de un convenio urbanístico cuya ejecución el propio desplome del sector de la construcción hizo inviable. El puerto exterior se concluyó y está operativo en parte desde el año 2012; pero lo está lastrado por la inexistencia de una conexión ferroviaria, algo que limitando su competitividad lo aboca al déficit permanente e imposibilita su viabilidad y también por la existencia de una inmensa deuda que de no mediar una solución política, acabará quebrando al ente portuario.

Siendo evidente la dificultad de financiar su coste recurriendo a la venta de suelo propiedad de la Autoridad Portuaria porque la ciudadanía no quiere y porque tampoco hay mercado suficiente, solo queda alumbrar un gran proyecto de regeneración de toda la fachada urbana costera interior susceptible de conformar un proyecto de Estado y que sirviese para diseñar la Coruña del siglo XXI y que se convierta en un referente para todo el noroeste español. Un proyecto en el que participasen consorciadas la totalidad de las administraciones públicas implicadas junto a la autoridad portuaria y que permitiese acudir a financiación europea, no para sanear las cuentas del ente portuario (algo imposible) sino para posicionar una urbe mediana como la nuestra dentro de esa fachada occidental europea que mira hacia América y para ello es esencial implementar ese espacio de modernidad que pretende la ciudad de las TIC con un diseño urbano completamente transgresor que ocupe el actual suelo portuario que está llamado a integrarse dentro de la ciudad. Un proyecto así definido, debería recibir un trato similar al dispensado al Consorcio Valencia 2007 cuando su déficit fue condonado por el Estado; pero para que eso suceda, necesitamos que las administraciones implicadas se pongan a ello con generosidad y olvidando los posibles réditos políticos de dicha aventura, que la clase empresarial apoye esa apuesta y que, de manera urgente, se permita que el puerto exterior pueda ser competitivo dotándole de una conexión ferroviaria sin la que su supervivencia es sencillamente imposible.

Por Rafael Arangüena Abogado

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