La defensa pide la absolución del matrimonio acusado de estafar más de 13 millones a Hacienda y despatrimonizar su empresa

La Fiscalía y la acusación popular consideran que los dos gestores deben pagar multas que suman cerca de 34 millones, así como cumplir penas de cárcel


A Coruña

La Sala Primera de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogió en la mañana de este martes la penúltima sesión del juicio abierto por estafa contra el matrimonio formado por Ó. A. S. y S. R. E., responsables de la empresa Hierros y Laminados Añón S.A., con sede en el polígono coruñés de A Grela y que nada tiene que ver con el gigante gallego Hierros Añón. El matrimonio está encausado por varios supuestos delitos de fraude a la Hacienda pública, falsedad documental, apropiación indebida y estafa. También está encausada M. E. R., madre de la encausada. La defensa pide la absolución de los encausados, mientras que la acusación particular, la Fiscalía y la acusación popular consideran que los dos gestores de la empresa deben pagar multas que suman cerca de 34 millones, pagar a la Hacienda Pública más de 13 millones de euros así como cumplir penas de cárcel. Para el hombre piden 29 años de prisión y, para la mujer, 25 años.

En la sesión de esta mañana, el primer testigo aportado por la Fiscalía fue el director general hasta el 2010 de la compañía Celsa Atlántica, quien confirmó que dejaron de prestar suministros a Hierros y Laminados Añón, S.A. en abril del 2008, «cuando detectamos que no habría el pago de la deuda pendiente». En concreto, indicó que en febrero llegaron a un acuerdo previo con el gerente de la empresa coruñesa para que se beneficiase de un 3 % de descuento en el precio de los materiales, pagaderos a 30 días. Según el testigo, el primer impago se produjo en el mes de abril del 2008, con una deuda acumulada de 8 millones de euros, y no les devolvieron el suministro enviado. Ante preguntas de la defensa, el testigo confirmó que a 20 de abril «dejamos de recibir pagarés» y «pusimos fin al suministro cuando vimos que no íbamos a cobrar».

Ante las preguntas del abogado de la defensa, José Luis Gutiérrez Aranguren, los testigos indicaron que la deuda anterior a abril del 2018 fue pagada (5 millones de euros) aunque se quedaron 7,9 millones pendientes de cobro.

Uno de los testigos de la defensa, indicó que trabajó de 2004 a 2008 como soldador en la empresa y confirmó que había entonces bastantes empleados, más de 60, trabajando en 3 turnos. «Aunque se notaba ya bastante la crisis». Indicó que Celsa Atlántica dejó de suministrar el hierro, que venía de otras empresas suministradoras, algunas de ellas provenientes de Portugal. Al bajar el nivel de producción, comenzó también el despido de trabajadores. «Había báscula pero no sé si se pesaban los camiones», declaró. Negó que Procorsa fuera una empresa fantasma. Y un administrador concursal que declaró en el juicio también indicó que en el proceso concursal que siguió Procorsa no aparecieron papeles de ningún dinero debido por Hierros y Laminados Añón, aunque inicialmente estaba en la lista de acreedores. «Pero las posibilidades de cobro eran muy escasas», dijo.

El abogado de la defensa insistió en que ya hubo una absolución anterior en primera instancia por un defecto de forma y que incluso el Tribunal Supremo apartó «por contaminación» a una de las magistradas. 

Un matrimonio acusado de fraude se enfrenta a multas que suman 34,4 millones y 29 años de cárcel

Redacción

La pareja despatrimonializó la empresa, dedicada a fabricar hierros y laminados, para que los acreedores no cobrasen las deudas

El Fiscal pide para un matrimonio formado por O.A.S. y S.R.E. que indemnicen a la Agencia Tributaria con más de 13 millones de euros por varios supuestos delitos de fraude y falsedad en documento mercantil. Para el primero de los encausados, también pide 29 años de prisión y otra indemnización de 600.000 euros. Para la mujer, 25 años de cárcel. Por el conjunto de delitos solicita, además, el pago de multas que suman más de 34,4 millones de euros.

El matrimonio eran administradores de una empresa encargada de fabricar hierros y laminados y, según el escrito del Fiscal, ambos puestos de común acuerdo «y con conocimiento de su absoluta falsedad y con la finalidad última de defraudar el Impuesto de Sociedades» confeccionaron en el 2008 facturas por más de 3,3 millones de euros giradas a una empresa portuguesa que carecía de capacidad real para general tal capacidad de hierro. Además, se simularon facturas y albaranes ficticios, dejaron de justificar la adquisición de diferente material y simularon operaciones compra y venta. También dejó de atender «los pagos de las ingentes compraventas realizadas a otra empresa», dejando deudas millonarias. Los dos acusados «despatrimonializaron completamente la empresa extrayendo en efectivo 3.575.900 euros en 35 operaciones en ventanilla bancaria» para que los acreedores no cobrasen las deudas, entre ellas la Agencia Tributaria. «Ambos crearon empresas pantalla para colocar bienes como pisos y coches de lujo que, en realidad disfrutaba el matrimonio», indica el Fiscal. El juicio se celebra este martes en la Audiencia Provincial.

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