Los trabajadores de Alu Ibérica cortan la carretera para denunciar la «represión sindical» del Grupo Riesgo por llamarlos «delincuentes»

César Quian

Los trabajadores de Alu Ibérica volvieron a salir a la calle y cortaron la carretera de acceso a la planta de A Grela ( A Coruña) para denunciar la «represión sindical» que sufre el comité de empresa. «Abriron unha apertura de sanción tanto ao presidente do comité, Juan Carlos López Corbacho, como aos compañeiros da representación sindical que hai en Avilés. Din que están a desprestixar á dirección da empresa por unha falta de respecto por chamarlles delincuentes nunhas declaracións públicas. Non é que lles chamen delincuentes, senón que trasladan o que está acontecendo: hai feitos consumados para dicir que o que está a pasar é unha estafa e que o personaxe que está á fronte de Grupo Riesgo ten antecedentes e causas pendentes coa xustiza. Iso é público e pódese constatar», declaró Víctor Ledo, secretario xeral de Industria en CC.OO. en Galicia, a las puertas de la fábrica.

En concreto, Alu Ibérica, que pertenece al fondo Grupo Riesgo, ha iniciado un «apercibimiento de expediente contraditorio. Estamos no proceso de alegacións. Na carta de apertura xa catalogan a sanción como moi grave, polo que estaría recollido o posible despido disciplinario», añadió Ledo. Los representantes de industria de las centrales sindicales de la CIG y UGT respaldaron la reivindicación. «Isto é un ataque á liberdade sindical dos traballadores», interpuso Ledo.

Por su parte, Alu Ibérica envío un comunicado en el que se defiende y reitera que «está ejecutando un plan industrial sólido» con «inversiones significativas en las plantas» y que «está cerrando acuerdos comerciales de calado que permitirán aumentar la producción y las ventas, como el ya anunciado con Traxys».

Lo más grave para los sindicalistas, se reafirman, es que tanto la Xunta como el Gobierno central «miren de perfil» una situación que incumple el plan industrial firmado en su día con Parter, el anterior dueño, y que ambos ejecutivos avalaron cuando el fondo suizo compró las plantas de A Coruña y Avilés a Alcoa en julio del 2019.

Inspección de Trabajo

«Denunciamos a pasividade das Administracións, non poden seguir consentindo que, con feitos probados nun acta de infracción da Inspección de Traballo, sigan sen facer nada», expresó Xoán Xosé Bouzas, de la CIG. Los dos incumplimientos que citan, aseveran, son la formación «de reciclaxe» a los 180 trabajadores destinados a la electrólisis para el proyecto de aluminio verde, «que ía ser a panacea», así como las inversiones prometidas en la planta, en la que «só levan destinados 240.000 euros», aseguran.

A esto suman los retrasos en los pagos de las nóminas y a la Seguridad Social. «O que lle pedimos aos gobernos galego e estatal é que actúen», insistieron, y que si Grupo Riesgo no cumple, intervenga tanto esta planta como la asturiana.

Por su parte, Alu Ibérica envío este jueves un comunicado en el que se defiende y reitera que «está ejecutando un plan industrial sólido» con «inversiones significativas en las plantas» y que «está cerrando acuerdos comerciales de calado que permitirán aumentar la producción y las ventas, como el ya anunciado con Traxys».

Ejemplo de esas inversiones serían «los 9,7 millones por la compra de tecnología punta a Hycast, que forma parte de un plan global de inversiones de 150 millones de euros en cinco años».

Añaden los responsables de Alu Ibérica que esta «Alu Ibérica respeta siempre el derecho legítimo de los trabajadores a manifestar sus posiciones, pero no las descalificaciones, insultos y falsedades que, vertidos de manera sistemática, ocasionan graves perjuicios para las ventas, obstaculizan el cierre de acuerdos y dañan el clima de trabajo interno».

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