Los activistas de la Casa Cornide serán juzgados en octubre por un delito leve de coacciones
A CORUÑA CIUDAD
Esperan que la acción «simbólica» que llevaron a cabo sea considerada «un acto pacífico e democrático ante unha situación inxusta»
18 sep 2020 . Actualizado a las 11:50 h.Los nueve activistas denunciados por la familia Franco por la protesta de la Casa Cornide serán juzgados el próximo 14 de octubre por un delito leve de coacciones. La vista en la que se juzgará a los militantes del BNG Armando Carril, Manuel Méndez, Elvira Branco, Carolina Fernández, André López, Salvador González, Óscar Calvo, Dani Carballada y Bieito Lobeira tendrá lugar a las 12.15 horas en el Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña.
La portavoz del colectivo, Elvira Blanco, ha defendido que la acción «simbólica» consistió en desplegar una pancarta en la barandilla del inmueble para denunciar que «foi espoliado no ano 1962 polo Franco» y que debía «ser restituído ao patrimonio público».
Desde el grupo de activistas denunciado se señala en un comunicado que «as acusacións feitas carecen de fundamento», por lo que esperan que finalmente la acción realizada sea considerada como lo que fue, en su opinión, «un acto pacífico e democrático ante unha situación inxusta».
«Reclamamos que as institucións públicas interveñan para restituír ao patrimonio público galego a Casa Cornide. Ao igual que acontece con Meirás, rescatar do espolio a Casa Cornide é unha exixencia democrática e unha maneira de dignificar e facer xustiza á totalidade das vítimas do franquismo», concluyó Blanco.
Además, el Ayuntamiento de A Coruña está llevando a cabo los trámites para reclamar la titularidad del inmueble en los tribunales y está previsto que el próximo mes presente a la Xunta la solicitud para que la Casa Cornide sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
También los denominados 19 de Meirás que en agosto de 2017 ocuparon simbólicamente el pazo y que fueron denunciados por la familia Franco, reclaman el archivo de la misma después de que un juzgado coruñés condenara a principios de este mes a los herederos del dictador a devolver el inmueble al patrimonio público.
