La Xunta no ve lógico parar el marisqueo en la ría O Burgo antes de que se licite la regeneración

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Imagen de archivo de mariscadores trabajando en la ría de O Burgo
Imagen de archivo de mariscadores trabajando en la ría de O Burgo MARCOS MÍGUEZ

Rosa Quintana afirma que el posicionamiento del gobierno gallego es «correcto»

16 sep 2020 . Actualizado a las 11:56 h.

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, ha tildado de «totalmente ilógico» que el Gobierno central apueste por parar el marisqueo en la ría de O Burgo antes de licitar los trabajos de regeneración, el mismo día en el que la Asesoría Jurídica del Gobierno gallego se reúne con la Abogacía del Estado para «desbloquear» la situación, según indica la agencia EFE.

En declaraciones a la prensa en A Coruña, Rosa Quintana ha dicho que el posicionamiento de la Xunta es «correcto» según se recoge en el proyecto y «en el propio informe de declaración medioambiental» y ha manifestado que no entienden «este retraso».

«Me gustaría que alguien me pudiese explicar qué sentido tiene que yo paralice la actividad del marisqueo mientras no se haga la licitación y la adjudicación de la obra», ha aseverado la titular de Mar, que ha asegurado que la declaración de impacto ambiental recogía que mientras «no empiecen las obras» los mariscadores podrán seguir haciendo sus labores.

En esta línea, ha afirmado que «incluso en el proyecto se recoge que los mariscadores, en el momento de empezar la obra, serán los encargados de retirar toda la producción de moluscos que esté en la zona sobre la que se va a actuar», para trasladarla a otro lugar.

«Es un tema que desde el Gobierno central dicen que es un problema jurídico, pues que resuelvan los jurídicos», ha sostenido Quintana, que ha destacado que «lo importante es que se desbloquee lo más rápido posible».

Al respecto, ha pedido que «se licite cuanto antes y que se aborde la recuperación de la ría lo más rápido posible» para que puedan seguir fomentando puestos de trabajo «tan importantes».

La Asesoría jurídica de la Xunta y la Abogacía del Estado intentarán establecer si es necesario el certificado de disponibilidad de los terrenos que reclama el Gobierno antes de la licitación.