La Diputación exige a la Xunta que asuma los gastos de la desinfección en los colegios
A CORUÑA CIUDAD
La entidad ha elaborado un informe jurídico en el que recalca que la competencia recae sobre la autonomía
13 sep 2020 . Actualizado a las 15:01 h.¿Quién debe correr con los cargos de desinfección de los colegios? De momento, los ayuntamientos han asumido el gasto sin esperar respuesta de otras Administraciones, dada la premura de las fechas y la falta de reacción de la Consellería de Sanidade. Raro es el concello que no se queja abiertamente de que está agrandando sus deudas a causa de la limpieza y nueva organización en la vida escolar (por ejemplo, en el Vales Villamarín de Betanzos, el Ayuntamiento ha contratado a varios monitores para que se hagan cargo de los alumnos en su tiempo libre tras usar el comedor).
Con todo este malestar municipal, los servicios jurídicos de la Diputación acaban de elaborar un informe en el que reclaman, porque así lo demuestran, que sea la Xunta la que se haga cargo de los gastos de limpieza y desinfección en los colegios e institutos de la provincia, y Galicia. «En atención a la normativa de transferencia de funciones, en el ámbito sanitario, a favor de la Comunidad Autónoma de Galicia, corresponde a esta la ejecución de las acciones sanitarias necesarias para el control y prevención de enfermedades transmisibles», establece el informe en la primera de sus conclusiones, donde establece un plan B en caso de que la Xunta no asuma esta nueva competencia que conlleva la pandemia. «Si el legislador autonómico optara, en el ejercicio de sus competencias, por ampliar las competencias sobre conservación y mantenimiento de centros escolares ?con la inherente carga financiera que esto conllevaría ?, debería de poner a disposición de los Ayuntamientos la correspondiente provisión de medios económicos para el ejercicio de la misma, de conformidad con el art. 7 y 27 LBRL. Y es que, en modo alguno puede encomendarse a las entidades locales nuevas funciones y responsabilidades en la conservación y mantenimiento de los centros escolares, que son de titularidad autonómica, sin la correspondiente consignación presupuestaria para sufragar dichos gastos y sin la correspondiente delegación de tal competencia, pues lo contrario supondría una vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, así como una infracción de la normativa básica estatal, en materia de educación y de regulación de las bases de las entidades locales».
El informe jurídico de la Diputación recuerda también que, en aplicación de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, es la comunidad autónoma a quien corresponde la adopción de cuantas medidas sean necesarias «para garantizar la salud de los empleados públicos que le presten servicio en los centros docentes de titularidad autonómica».
La Diputación provincial rescata el artículo 32 del Real Decreto 1634/1980 de 31 de julio sobre transferencias del Estado a la Xunta en materia, entre otros, de sanidad: «Los programas sanitarios tendentes a la protección y promoción de la salud, tales como los de higiene maternal, infantil, escolar (…) así como las acciones sanitarias permanentes en materia de enfermedad transmisibles y no transmisibles, antropozoonosis y educación sanitaria». También cita la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril donde se recoge que, si bien las autonomías pueden obligar de modo imperativo a las entidades locales, «el personal sanitario del Sergas u otras organizaciones públicas proveedoras de servicios que presta apoyo a los municipios tendrá, a estos efectos, la consideración de personal al servicio de estos, con sus obligadas consecuencias en cuanto al régimen de recursos y responsabilidades personales y patrimoniales».
El informe jurídico ha sido remitido este viernes a todos los ayuntamientos de la provincia.