El Estado alerta de «riesgo financiero» para el Puerto de A Coruña por la falta de ingresos

El ente apoyará a empresas portuarias con medidas por valor de un 1 millón de euros


a coruña / la voz

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó las cuentas correspondientes al año pasado, que cuentan con el informe favorable de la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, este organismo alerta del «riesgo financiero y la incertidumbre» que afronta el Puerto coruñés. Esta situación, según la Intervención, se produce debido a la falta de concreción de los ingresos previstos en los convenios urbanísticos del 2004 firmados para la construcción del puerto exterior y «la paralización del protocolo» firmado hace dos años.

Este último acuerdo recogía una aportación de hasta 20 millones de euros por parte de la Xunta de Galicia para garantizar la titularidad pública de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, además de la construcción de la conexión ferroviaria con punta Langosteira con fondos ajenos a la Autoridad Portuaria.

Esta inversión de la Administración autonómica supondría una fuente de financiación con la que el Puerto podría hacer frente a parte de la deuda que acarrea por la construcción del puerto exterior.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, recordó durante la reunión del consejo que el proyecto constructivo de la conexión ferroviaria fue entregada hace más de dos años, en marzo del 2018, a Puertos del Estado para su tramitación ante el ADIF y ayer todos los consejeros señalaron que esta infraestructura es «imprescindible». El Puerto indica que desde entonces «no se ha avanzado en el proceso necesario para la licitación de la obra y su correspondiente financiación». El proyecto ya está terminado y con apoyo de diferentes formaciones políticas mediante mociones, pero en los últimos días el ADIF indicó que no financiará el tren a Langosteira y apuntó a la posibilidad que existirá de hacerlo con financiación de la Unión Europea.

Durante la reunión que mantuvo ayer el Consejo de Administración también se dio el visto bueno a diferentes medidas, como la reducción de las tasas de ocupación y actividad correspondientes a las concesiones y autorizaciones, para apoyar a las empresas portuarias que se han visto afectadas por la crisis del coronavirus. Estas medidas tendrán un impacto económico superior al millón de euros.

El Partido Popular exige al ADIF que «deje de discriminar» a A Coruña

El Presidente del PP local y candidato al Parlamento de Galicia, Martín Fernández Prado, exige al ADIF que «deje de discriminar» a A Coruña ya que entiende que «pone facilidades para inversiones en otras ciudades», citando un acuerdo para la estación intermodal de Vigo, mientras «está bloqueando» las relacionadas con la urbe herculina. Fernández Prado indica que el anuncio del ADIF de que no asumirá la financiación del tren a Langosteira «significa que el Estado no tiene intención de cumplir el protocolo» firmado por Feijóo y Puertos del Estado en el 2018, además de «poner en peligro la recuperación de la fachada marítima para la ciudad».

El beneficio de la Autoridad Portuaria cae a la mitad por el cierre de Meirama

La Autoridad Portuaria cerró el ejercicio económico correspondiente al año pasado con una caída del beneficio de los 2,2 millones del 2018 a 1,05 millones. Uno de los principales factores que influyeron en este descenso es la reducción de los tráficos de carbón que se produjo como consecuencia del cierre de la central térmica de Meirama, en Cerceda, que ayer dejó de funcionar después de 40 años.

Las cuentas correspondientes al año pasado, informadas favorablemente por la Intervención General de la Administración del Estado, se saldan con un resultado de explotación de 4,6 millones de euros y un beneficio de 1,05 millones.

Este balance positivo del ejercicio del 2019 se produce a pesar de las amortizaciones y los gastos financieros derivados de la construcción del puerto exterior, una inversión que provoca que el ente portuario mantenga una deuda de 304 millones de euros.

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