Bankia tendrá que pagar más de 100.000 euros a una inmobiliaria coruñesa

La Audiencia Provincial de A Coruña confirmó una sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia Número 12

Dependencias de la Audiencia Provincial de A Coruña
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Redacción

La Audiencia Provincial de A Coruña, confirmando una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 12, condena a Bankia a pagar a una inmobiliario coruñesa 109.740 euros por no informarla de las condiciones concretas de un contrato de permuta financiera de tipos de interés que habían firmado. La Sección Tercera de la Audiencia entiende que el banco demandado fue quien ofreció el contrato al demandante, y que en su labor de asesoramiento precontractual incumplió con su obligación de informar correctamente sobre las características y riesgos que caracterizan a este producto financiero.

El abogado Xoán Antón Pérez-Lema, que dirigió la demanda, resalta el hecho de que no se ejercitaba una acción de nulidad contractual por vicio de consentimiento, «senón unha acción indemnizadora de danos a prexuízos por grave incumprimento das obrigacións legais e contractuais de asesoramento do banco demandado». Entiende que la firma demandante «non é unha persoa física, un consumidor, senón unha acreditada promotora inmobiliaria coruñesa con actuación dentro e fóra do país».

A este respecto, el letrado indica que la resolución judicial precisa que la Ley de Mercado de Valores «non exclúe da súa protección á persoa xurídica», ya que la distinción no se establece entre consumidor o profesional, «senón meramente entre investidor profesional ou minorista». La sentencia resalta en este caso que «a empresa demandante fora calificada como minorista».

El fallo de la Audiencia destaca que «propoñer un produto financeiro, informar sobre a súa bondade ou conveniencia, e non advertir dos perigos, si constitúe asesoramento, non mera publicidade». Según consta en la sentencia, el director financiero de la inmobiliaria declaró que desde Bankia le ofrecieron el producto financiero para protegerse de la subida de los tipos de interés, diciéndoles que se podía cancelar anticipadamente cada año, pero que nadie les informó de que «tiña un custe de cancelación». Tampoco les simularon posibles pérdidas, el riesgo máximo previsto era de 2.000 euros al mes, y tan solo hablaron de subidas y nunca de bajadas.

Aunque el director financiero de la empresa reconoció que firmara unos meses antes otro producto semejante con otra entidad bancaria, «en ningún momento afirma ter experiencia neste tipo de contratos», precisa la Audiencia.

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