Proxecto Cárcere se despide de la prisión provincial de A Coruña

La entidad que gestionó desde agosto el edificio cesó la actividad en diciembre por orden municipal


A Coruña / La Voz

Proxecto Cárcece le dio un aire festivo a sus despedida de la antigua prisión provincial. Sin poder acceder al edificio, el colectivo dispuso mesas en la entrada para preparar una comida campestre a la que acudieron muchos simpatizantes. Proxecto Cárcere ya no gestiona el cárcel desde diciembre y desde este mes tampoco tienen acceso a ella, pese a que dentro siguen todavía algunas de sus pertenencias. 

La gestión de la cárcel por esa asociación figuraba en el programa electoral de la Marea hace cuatro años, pero la relación con el Ayuntamiento se fue tensando con el tiempo, y más desde la investigación abierta por el juzgado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato. La entidad lleva meses diciendo que no encuentra interlocutores en María Pita, que no los reciben los concejales y que casi desde el principio encontraron traba a su actividad. En diciembre el Ayuntamiento decidió no renovar el convenio de cesión temporal con el SIEP, organismo propietario de la cárcel dependiente del Ministerio del Interior, y este cambió las cerraduras hace unos días dejando el edificio como estaba hace cuatro años: cerrado y sin plan de rehabilitación. 

Durante este mando se hicieron obras mínimas, por 180.000 euros, para mejorar un área de poco más de 100 metros cuadrados en un recinto que pasa de los 4.000 metros y que se sigue deteriorando. La asociación presentó hoy su memoria de actividades, que recoge una veintena de actos en los meses en los que estuvo al frente del proyecto. Música, charlas y documentales pasaron por las instalaciones.

El inmueble no tiene nueva fecha de apertura. Su futuro depende de un pleito presentado por el Ayuntamiento. Ni el actual gobierno local ni el anterior están de acuerdo con el convenio firmado entre consistorio y SIEP hace más de una década por el cual María Pita debe abonar un millón de euros por recuperar la titularidad del edificio. El argumento local es que el edificio debe revertir sin coste en el Ayuntamiento porque el terreno fue municipal y ya no se emplea para el fin para el que fue cedido a principios del siglo pasado. 

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