El próximo gobierno local afrontará casos antiguos como San Roque de Afuera o el Agra de San Amaro, y otros nuevos como Náutica, la Citroën, As Rañas o los pisos
25 feb 2019 . Actualizado a las 17:03 h.El «urbanismo judicializado» era en el 2015 una de las grandes lacras del Ayuntamiento de A Coruña que se comprometieron a combatir el alcalde, Xulio Ferreiro, y su concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela. Esta tarea deberá continuarla el próximo gobierno, que hará frente a casos heredados de ejecutivos anteriores y a otros nuevos, derivados de decisiones tomadas en este mandato.
La sede de Fenosa
La licencia del edificio, concedida en 1997, fue declarada ilegal. El derribo del inmueble, ordenado por el Supremo, obligaría al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones millonarias. Ese peligro ha sido conjurado gracias al acuerdo alcanzado entre las partes a través de una mediación.
El pacto incluye una compensación de casi tres millones para el denunciante, y prevé que el inmueble sea incluido en el PGOM como edificio singular. El gasto para el Ayuntamiento se calcula en unos 6 millones de euros. No se puede descartar que haya coletazos, ya que cuatro magistrados votaron en contra.
El agra de San Amaro
Los propietarios de terrenos en esa zona, a los que se expropió en 1993 para construir el paseo marítimo, no han sido compensados, ya que no pudieron construir en los terrenos donde se les dio edificabilidad por la protección de la Torre. En enero del 2018 los tribunales ya les habían reconocido más de dos millones de euros en indemnizaciones. El conflicto no está cerrado y podría acarrear consecuencias mayores durante los próximos años.
San roque de afuera
Los tribunales han ordenado derribar el edificio número 13 de San Roque de Afuera, que tiene 16 viviendas, para que cumpla las previsiones del plan general vigente en el 2002, cuando se concedió la licencia. A finales del 2017 el Ayuntamiento asumió la demolición, aunque por el momento no se ha decidido si será completa o solo parcial.
As Rañas
En la zona de As Rañas está prevista la construcción de un nuevo parque empresarial de iniciativa privada. Los promotores de esa Ciudad de la Tecnología, que estará situada entre Pocomaco y Marineda, empezaron con las gestiones en el 2016. Pero el proceso se interrumpió el año pasado, cuando el gobierno local declaró caducada la tramitación. Los promotores han elevado el asunto a los tribunales. Las partes deberán personarse en los juzgados de lo contencioso en un plazo de nueve días a contar desde el viernes.
La antigua cárcel
El conflicto judicial viene del anterior mandato, cuando el Ayuntamiento intentó recuperar el inmueble, que considera suyo, sin pagar el millón de euros al Estado que preveía un convenio firmado en el 2005. A ese proceso, que se dirime por la vía contenciosa, se ha sumado en este mandato la investigación penal de las presuntas irregularidades en la cesión del edificio a Proxecto Cárcere, aprobada por el actual gobierno. La concejala de Participación, Claudia Delso, declarará este viernes en esa causa como investigada por un presunto delito de prevaricación.
El concurso de vivienda
Los problemas derivados del concurso de compra de vivienda para uso social organizado por el Ayuntamiento en el 2017 serán parte de la herencia del próximo ejecutivo. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para devolver cinco de las seis propiedades, que adquirió por 320.000 euros, después de que el Consello Consultivo dictaminase que la compra no fue legal porque no cumplían las bases. Dos de los inmuebles, por los que se pagaron 145.865 euros, fueron vendidos por un firmante de la Marea. Los hechos fueron elevados por el PP a la Fiscalía, que no denunció al considerar que las irregularidades no tienen repercusión penal. Pero es muy probable que el asunto llegue al menos a los juzgados de lo contencioso, ya que tanto el firmante como otros propietarios han advertido que exigirán una compensación al Ayuntamiento en caso de que decida revertir las adquisiciones.
Náutica
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 anuló hace unas semanas la decisión del gobierno local de declarar caducada una licencia en el polígono de Náutica. En principio, la concejalía de Rexeneración Urbana dictó la caducidad de las licencias concedidas a cuatro empresas, pero en la fase de alegaciones admitió que tres de ellas siguiesen con las obras, que permitirán la construcción de 137 nuevas viviendas. No ocurrió lo mismo con el edificio de 30 pisos que preveía levantar la empresa Urbanizadora Herculina, contra la que sí se dictó la caducidad de licencia. La firma advirtió que esa decisión era ilegal y acudió a los tribunales, que le dieron la razón. El Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá, por lo que el asunto pasará al próximo mandato. El recurso tiene una cuantía de 2.548.233 euros, equivalentes al presupuesto de las obras.
El edificio de la Citroën
Otro juzgado, el número 4 de lo Contencioso-Administrativo, dictó esta semana otra sentencia contraria a la postura del Ayuntamiento. En este caso, la jueza declara otorgada la licencia de demolición del edificio 117 de la avenida de Oza, el antiguo concesionario de la Citroën.
El gobierno local había intentado proteger el edificio pero, al mismo tiempo, tramitó la licencia. No importó, porque ese permiso estaría concedido desde meses antes por silencio positivo de la Administración, ya que el Ayuntamiento no movió el expediente en los cinco meses siguientes a que se plantease la solicitud. La contradicción entre los trámites para dar la licencia y para proteger el inmueble no es la única de la que se hace eco el dictamen. El área de Urbanismo también contradijo al abogado del Ayuntamiento, que había argumentado que el inmueble está en la zona de servidumbre de Alvedro. El alcalde ha anunciado que se recurrirá la sentencia, y los vecinos exigen que se proteja el edificio.