Vecinos del inmueble de Fernando Macías: «El acuerdo nos supone una gran alegría tras 21 años de sufrimiento»
A CORUÑA CIUDAD
Los propietarios de las viviendas de la antigua sede de Fenosa no han podido vender, permutar, heredar o hacer reparto de sus propiedades en todo este tiempo
08 feb 2019 . Actualizado a las 09:17 h.La licencia otorgada en 1997 por el gobierno socialista de Francisco Vázquez y la posterior denuncia que derivó en dos décadas de litigio quitó mucho más que el sueño a los cerca de cien propietarios del inmueble de Fernando Macías. En todo ese tiempo, nadie pudo vender, heredar o permutar. Hubo gente que se divorció y no pudo ejecutar el reparto de bienes gananciales y todos vivieron con la «tremenda angustia» de perder su casa. Ninguna culpa tenían, pues cuando compraron, sobre el edificio no pesaba resolución alguna de ilegalidad. Ayer se notaba que estaban felices. «Las últimas sentencias que obligaban a derribar el inmueble y que decían que no había marcha atrás nos machacaron. Algunos perdimos la esperanza, así que una noticia como la de este jueves no sabe usted la profunda felicidad que nos genera», dijo Francisco Vera-Castro. «Es un peso que nos quitamos de encima que no se lo deseo ni al peor enemigo», decía otra vecina que, como el resto, puso su defensa legal en manos de los abogados Pilar Cortizo, del despacho Torres Díaz, y José Ron.
Los tribunales entraron en el «rehabilitado» edificio de Fernando Macías antes que las personas. La vieja sede de Fenosa no tenía ni puertas en 1997 cuando comenzaron las obras de su rehabilitación. Antes de que se pusiera un ladrillo, el arquitecto Valentín Souto presentó la denuncia al entender que el proyecto era ilegal.
Continuaron hacia adelante, el inmueble se acabó y se vendió al completo. Ninguno de aquellos nuevos propietarios conocía que existía una denuncia por ilegalidad por parte de un particular. Hasta que en el 2001, el TSXG ordena su derribo en su primera sentencia. Ahí empezó una batalla judicial que se cierra y deja «una gran alegría» y «descanso».
Los pisos más baratos, de 60 metros, costaron 24 millones de pesetas (144.000 euros). Los más grandes, de 280 metros, podían alcanzar los 60 (360.000). En apenas unos meses quedó todo vendido. Este era el eslogan de Fadesa: «Una inversión poco común para unos pisos muy poco corrientes».
A día de hoy, en el edificio hay quien solo culpa al denunciante, quien lo hace a los políticos que aprobaron en 1997 la licencia y, la mayoría, a ambos. También los hay que desde el principio estaban convencidos de que jamás se tiraría. «Era imposible. Recuerdo que en la primera reunión que tuvimos en el 2001, cuando saltó la bomba, me dirigí a mis vecinos y les dije que se tranquilizaran, que este edificio no se iba a derribar jamás. Y mire, acerté. No nos podían condenar a nosotros, que no tuvimos más culpa que la de comprar un piso». Hubo muy pocos como él. La inmensa mayoría «sufrió mucho, mucho, mucho», recuerda Luis Lago.
Este residente echa la vista atrás y cuenta que tuvo un vecino que en el 2010 fue trasladado a Barcelona y no pudo vender la vivienda, solo alquilarla. Otro, que se divorció y en la sentencia no se pudo incluir el inmueble por pesar sobre el mismo una orden judicial de demolición.
El derribo «podería poñer en xaque á Administración local», según el alcalde
El gobierno local se mostró satisfecho tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que homologa el acuerdo a través del procedimiento de mediación por el que la sentencia del antiguo edificio Conde de Fenosa se ejecutará a través de alternativas a su derrumbamiento. Lo contrario, según el gobierno local, sería una mala noticia para las arcas municipales y para la ciudadanía.
El alcalde, Xulio Ferreiro, declaró que «por fin se dá resposta satisfactoria a un conflicto que podía poñer en xaque á administración local e que a cidade arrastra dende hai dúas décadas».
El regidor recordó que de ejecutarse la sentencia que obligaba a su demolición, como poco supondría un gasto de más de 60 millones de euros para las arcas municipales. «Executala levaría ao Concello a unha insostible situación financieira cun alto custo social xa que afectaría aos servizos públicos», explicó Ferreiro.
Por otra parte, el Concello abre la puerta a pedir responsabilidades patrimoniales a los cargos políticos que aprobaron la licencia en 1997.
El alcalde recordaba ayer que el problema «non o causou este goberno, senón un executivo anterior que xa non está». Y la semana pasada dijo que la cantidad que ahora ha de habilitarse en los presupuestos municipales para sufragar todos los gastos del acuerdo «nun primer momento o terá que asumir o Concello». Aunque, añadió, «despois veremos cuáles son as ferramentas legais para que o concello poida verse resarcido parcial o totalmente». Se refería el alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, a las posibles responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse de los políticos que aprobaron la licencia hace 21 años.
