A Coruña: Fin a un litigio de 21 años: el edificio de Fernando Macías en A Coruña no será demolido

El edificio de Fernando Macías ya no será demolido y quedará como está. El juez dio el visto bueno al acuerdo alcanzado entre las partes para salvar la antigua sede de Fenosa. En un auto hecho público este jueves al mediodía, la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictamina que la mediación intrajudicial se ajusta a la ley. De los 14 magistrados de la sala, solo 4 mostraron su rechazo. Así concluye un litigio que comenzó en 1997. Después de 21 años de sentencias, recursos, autos y providencias que obligaban a demolerlo, a salvarlo o a realizarle una reforma parcial, se llegó a esta solución salomónica.

El pacto firmado el pasado 31 de enero entre el denunciante, el arquitecto Valentín Souto; el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios del inmueble que ahora refrenda el TSXG contempla, según anunció el gobierno local, «a substitución da execución 'in natura' por unha serie de medidas de diverso alcance», como el reconocimiento público por parte de la corporación municipal respecto a la anulación de la licencia urbanística, la adopción de un protocolo de buenas prácticas urbanísticas dirigido a evitar que se vuelva a repetir un caso similar, la construcción por parte del Concello de un edificio de alrededor de 50 viviendas de protección oficial en el parque Ofimático y el reconocimiento de una indemnización de 2.975.000 euros por los daños personales de índole moral causados durante más de 21 años al demandante. Además, está previsto despejar la situación urbanística del edificio para incluirlo como inmueble singular en el actual plan general.

Esta solución era la única factible. Se llegó a ella cuando ya no se podía estirar más la vía procesal. Era la última bala y el Ayuntamiento la usó una vez que el Supremo, en julio del año pasado, denegase la vía de la casación a la que habían recurrido tanto el Concello como los propietarios del edificio. El fallo insistía en lo dicho en la primera sentencia, dictada en el 2001, que ordenaba que la contrucción debería recuperar el estado anterior a las aobras de 1997.

Ya en el 2016, el TSXG, basado en otro fallo del Supremo, confirmaba como acatable la orden de demolición, por lo que impedía el intento de derribo parcial propuesto entonces como alternativa por el Concello, con una inversión de 1,5 millones de euros, para tratar de devolver la legalidad al edificio mediante la eliminación de algunos elementos de la fachada.

Con el acuerdo alcanzado por las partes en el convenio de mediación se evitará el coste público que supondría el derribo del edificio, estimado en alrededor de 60 millones de euros a cuenta de las arcas municipales, así como la reconstrucción de la antigua sede de Fenosa, cuya legalidad estaría también comprometida al no ajustarse al planeamiento vigente.

Además de constatar que los acuerdos no son contrarios al ordenamiento jurídico, ni lesivos para el interés general o los derechos de terceros, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha tenido en cuenta para homologar el convenio las singularidades de este caso concreto, «por lo que no es extrapolable de forma directa a otras situaciones de derribo».

Acuerdo blindado

La sala recuerda además que desde 1997, cuando se presentó la demanda, no se han personado en la causa más partes que las que suscriben la petición de homologación, «por lo que se ha dado el amplio conocimiento público del asunto y el tiempo transcurrido, cualquier nueva petición relacionada con el caso habrá de entenderse, en principio, como un abuso de derecho».

El jurista Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, fue el mediador a quien se recurrió para desatascar el conflicto del edificio Fenosa tras veinte años de pleito. El Ayuntamiento de A Coruña, los propietarios del edificio Fenosa y el denunciante de las obras ilegales realizadas en el inmueble en 1997 aceptaron su designación para dirigir el proceso de mediación.