El año termina con ceses en María Pita

El gobierno local aplica con resultado desigual tres sentencias que anulan 14 nombramientos ilegales. Los conflictos de las 160 comisiones irregulares y la Policía Local continúan vivos


a Coruña / La voz

La paz relativa con la que se vivieron los tres primeros años de mandato en el seno de María Pita se agrieta. La relación entre el ejecutivo local y la plantilla municipal se ha deteriorado como resultado de varios conflictos de distinto calado. Parte de los problemas vienen de anteriores gobiernos, otros han surgido en este mandato. El año se encamina a su fin con un conflicto en carne viva, el de la Policía Local. Cuando aún está reciente el acuerdo en conciliación con la directora del Fórum, que demandó al gobierno local por vulneración de derechos fundamentales, y tras varias sentencias judiciales que anulan nombramientos irregulares. La ejecución de uno de esos dictámenes marca el fin del año. 

Ceses el día de las uvas

Consecuencias distintas. En marzo del 2017 se conoció una sentencia del TSXG que anulaba 12 nombramientos por libre designación aprobados en el 2014 por el anterior gobierno local del PP, lo que obligaría a retrotraer la situación de los funcionarios afectados. La Marea recurrió el dictamen, pero la decisión del tribunal gallego fue confirmada. La sentencia no se ejecutó, para enfado de los funcionarios denunciantes, que durante los últimos meses presentaron un escrito en el Juzgado con el fin de que se cumpliese el dictamen. 

Finalmente, el gobierno local lo aplicará hoy, cuando está previsto que se hagan efectivos los ceses a pesar de que se trata de un día no hábil. La sentencia se ejecutará pero los resultados serán desiguales para el personal, según fuentes sindicales.

Cinco afectados serán cesados hoy. Se trata de los jefes de Servicios Presupuestarios, Informática, Innovación, Gestión Tributaria y Control Financiero. El puesto de la primera ya está convocado. La web municipal, de forma insólita, anunciaba el sábado que la convocatoria se publicaría en la edición de hoy del BOP.

Otros tres cesados quedan «a disposición» de la titular de Facenda, por lo que seguirán en María Pita a la espera de ser adscritos a otro puesto u optar a otra plaza. El último de ellos, responsable de control financiero, será adscrito a un puesto de jefe de sección, aunque en la resolución de cese se le garantizar que mantendrá el sueldo tres meses.

Más dura será la aplicación de sentencia para dos habilitadas nacionales, antiguas responsables de Personal y Movilidad, que ya fueron cesadas en el 2016. Aunque hay más afectados provenientes de fuera del Ayuntamiento, según fuentes sindicales ellas serán las únicas que se vayan de María Pita a otro destino, ya que no se las ha adscrito a ningún puesto. Algunas de las plazas que podrían ocupar, como la de Vicetesorera fueron eliminadas en una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Los demás afectados no aparecen en la documentación de ejecución de sentencia que el Ayuntamiento envió al juzgado, ya que habían sido cesados con anterioridad. Se trata de la antigua jefa de Interior, que ahora está en un puesto «a extinguir» en urbanismo aunque dependiente del director de Hacienda. Otro caso es el de la jefa de Planeamiento, que ahora es responsable de departamento de Patrimonio. La última es la antigua responsable de Empleo y Empresa, que continúa como jefa de departamento en el área de Rexeneración Urbana

Las otras sentencias

Urbanismo y 160 comisiones. La Justicia han anulado tres nombramientos del actual gobierno en el área de Rexeneración Urbana. Hoy cesarán los responsables de Edificación e Infraestructuras. El primero pasará a disposición de la Concejalía de Facenda un mes. El puesto del segundo ya ha sido convocado, y como en el caso antes citado, la web municipal ya anunciaba el sábado la publicación en el BOP hoy. 

El tercer afectado, exjefe de Planeamento, fue cesado este año, continúa en el área de Urbanismo sin que haya trascendido en qué puesto concreto.

La principal sentencia por motivos de personal se conoció a principios de noviembre, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña admitió íntegro un recurso del sindicato CIG y ordenó el cese de 160 funcionarios nombrados mediante comisiones de servicio que habían excedido su plazo máximo legal de dos años.

La mayor parte de esos nombramientos se produjeron durante este mandato, y los que procedían de gobiernos anteriores tuvieron que ser renovados o continuaron de hecho durante los tres años y medio del actual mandato.

La respuesta del gobierno local fue recurrir el dictamen y anunciar que ya lo estaba cumpliendo de hecho mediante la convocatoria de un concurso de traslados para regularizar la plantilla.

La Fiscalía, tras una denuncia de la CIG, investiga el asunto. 

El concurso

Con críticas. El concurso convocado por el gobierno local solo incluye las plazas de la escala más baja de la plantilla. Esa circunstancia ha provocado críticas de la CIG, que lo ha recurrido y no descarta ir a los tribunales, y de parte de la plantilla, que llegó a reunir firmas en contra. Tanto los trabajadores como el sindicato afirman que al excluir las plazas más altas se perjudica a los funcionarios de puestos más bajos que podrían optar a ellas. 

Las protestas llevaron al alcalde a reunirse con los descontentos. Afirmó que estudiarían sus reivindicaciones, pero el concurso se reactivó la semana pasada sin que hubiese cambio alguno. Las plazas de los jefes, entre las que hay numerosos afectados por la sentencia de las comisiones, siguen aún sin fecha de salida.

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