La Marea coruñesa ignora las protestas y no saca las plazas de altos cargos que nombró a dedo

El concurso no incluye las plazas de 42 jefes, pese a que 25 de ellos deberían cesar por sentencia judicial


a Coruña / la voz

Pese a las protestas de parte de los funcionarios, el gobierno local ha puesto en marcha el concurso de provisión de puestos de trabajo tal y como tenía previsto a principios de noviembre: sin incluir las plazas de los altos cargos de la Administración municipal, ni siquiera de los 25 jefes que deberían cesar de su puesto en cumplimiento de una sentencia.

La convocatoria fue publicada el pasado día 13 en el Diario Oficial de Galicia, abriéndose así un plazo de 15 días para presentar instancias al concurso. Nadie en la plantilla municipal duda en que participarán muchos funcionarios, pese a estar disconformes con lo ocurrido, ya que de lo contrario corren el riesgo de no poder optar a otro puesto durante un tiempo indeterminado.

El concurso fue la solución planteada por el gobierno local para solventar las numerosas irregularidades existentes en la plantilla municipal, que se han traducido en distintas sentencias contra el Ayuntamiento. Uno de los dictámenes anuló 12 nombramientos del anterior mandato. Otros tres dictámenes, también firmes, anularon las designaciones de tres jefes de servicio de Urbanismo aprobadas por el actual gobierno local. Pero la sentencia más importante fue emitida a principios de noviembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña, que a raíz de un recurso interpuesto por el sindicato CIG, ordenó el cese de todos los funcionarios que ocupan su puesto mediante comisiones de servicio que han superado los dos años y que, por lo tanto, son ilegales. En el Ayuntamiento, según los denunciantes, hay 160 funcionarios en esa situación. El actual gobierno nombró a la inmensa mayoría de ellos, ya que solo unos 25 estaban en situación irregular cuando se produjo el cambio de gobierno en mayo del 2015.

El ejecutivo de Xulio Ferreiro recurrió la sentencia y ha rechazado ejecutar los ceses. Tanto durante el juicio como después sostuvo que la solución es el concurso que arrancó esta semana.

Pero la convocatoria no incluye las plazas de 42 funcionarios jefes nombrados por comisión de servicio, un mecanismo discrecional que debe limitarse a casos de urgente necesidad. La mayor parte de esos 42 altos cargos fueron nombrados en este mandato, y 25 han superado el límite de dos años. Entre ellos los responsables del área de personal.

Lo ocurrido indignó a parte de la plantilla, que en los días posteriores a la publicación de la sentencia elaboró un escrito en el que se reclamaba un con curso unitario para evitar que se discriminase a parte de la plantilla y que continuasen en el puesto «la práctica totalidad de los 50 funcionarios con jefaturas nombrados a dedo». La movilización creció y empezaron a reunirse firmas. Lograron más de 180 en solo dos días. Los sindicatos CSIF, UGT y CC. OO., que habían pactado la convocatoria, recordaron al gobierno local su compromiso de sacar cuanto antes las plazas de los jefes y su rechazo al abuso de las comisiones de servicio.

El alcalde convocó a los funcionarios disconformes y se comprometió a estudiar sus demandas. La tensión se redujo y esta semana, sin más explicación pública ni cambio alguno, el gobierno local siguió adelante. No hay concurso unitario y los jefes «nombrados a dedo» siguen en su puesto y probablemente continúen ahí al final del mandato.

En la presentación de la candidatura del BNG, este jueves, su portavoz Avia Veira mencionó a la plantilla municipal que se ha sentido «agredida» por el gobierno local. Varios funcionarios tacharon ayer lo ocurrido de «tomadura de pelo», pero esa supuesta «agresión» apenas ha encontrado una respuesta organizada. La única excepción ha partido de la CIG, que ha llevado las irregularidades en las comisiones de servicio a la Fiscalía -que desde hace varias semanas está investigando el asunto- y antes las denunció con éxito en el Contencioso. El sindicato también recurrió las bases del concurso y podría llevarlo a los tribunales.

La portavoz del PP ratifica la denuncia de irregularidades en los juzgados

La portavoz del PP, Rosa Gallego, acudió ayer a testificar en el procedimiento judicial abierto para investigar presuntas irregularidades en la cesión de la cárcel provincial por el gobierno local a Proxecto Cárcere. Esas investigaciones se abrieron como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía, que considera que el gobierno local pudo incurrir en un presunto delito de prevaricación cuando cedió los usos del inmueble. La Fiscalía tomó esa decisión tras analizar la documentación que le remitió la portavoz del grupo popular, en la que denunciaba distintas irregularidades en el procedimiento. Antes de acudir al Ministerio Público, el PP advirtió al gobierno local de las anomalías, pero el ejecutivo hizo oídos sordos, tachó esas críticas de intento de difamación y siguió adelante.

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