La Marea denuncia en Vigo cargos a dedo, pero mantiene los de A Coruña

Jefes nombrados por libre designación continúan pese a las sentencias contrarias


A Coruña / la voz

El uso del sistema de libre designación para nombrar a altos cargos de la Administración local contribuye a que la ciudad se entienda «como un cortijo», y permite que los «concejales se sientan casi intocables» porque siempre habrá «un funcionario dispuesto a asumir las culpas», dijo ayer Rubén Pérez, portavoz de la Marea de Vigo, tras conocerse una sentencia judicial que obliga a sacar a concurso las plazas de 198 funcionarios nombrados mediante ese procedimiento en el Ayuntamiento vigués. El dictamen es resultado del recurso judicial presentado por la Marea de Vigo contra el gobierno de Abel Caballero (PSOE).

Mientras denuncia esas prácticas en la ciudad olívica, la Marea mantiene cargos nombrados por libre designación en A Coruña a pesar de que hay sentencias judiciales que los anulan. Durante este mandato se designó con ese sistema a tres jefes de servicio de Urbanismo, responsables de Planeamiento y Gestión del Suelo, Edificación e Infraestructuras.

Los tres nombramientos cuentan con sentencias contrarias de los juzgados de lo Contencioso y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero por el momento solo se ha apartado de su puesto al responsable de Planeamiento y Gestión del Suelo, al que el gobierno local preveía mantener en un puesto de responsabilidad de la misma área, aunque por el momento no ha trascendido cuál.

Además, el gobierno local se niega a ejecutar otra sentencia que anula las libres designaciones de 11 jefes de servicio y uno de departamento. Esos nombramientos fueron aprobados en el 2014, por el anterior gobierno local del PP. La sentencia que los anulaba fue destacada por la Marea como un ejemplo de mala gestión de sus predecesores.

Pero, aunque ha sido confirmada por el Supremo, el gobierno local no la ha ejecutado y ha presentado un escrito en el que argumenta que hacerlo es imposible.

Al contrario de lo ocurrido en Vigo, esas sentencias no derivan de la acción de partidos políticos. La que anula los nombramientos del 2014 se produjo a consecuencia de un recurso presentado por 24 funcionarios a nivel particular, mientras que los dictámenes contrarios a los nombramientos de los jefes de servicio de Urbanismo derivan de los recursos presentados por Asteco, una asociación que agrupa a técnicos del Ayuntamiento.

Finalmente, el gobierno local coruñés afronta otra sentencia que afecta a 160 funcionarios nombrados en comisiones de servicio que han superado el plazo máximo legal de dos años.

Las comisiones y las libres designaciones son figuras distintas, aunque tienen algunas similitudes. La principal es que ambas otorgan a los responsables políticos la potestad de hacer el nombramiento de forma discrecional, eligiendo a la persona que consideren mejor para el puesto. Por otra parte, ambos deben limitarse a casos excepcionales, ya que el procedimiento habitual debería ser el concurso, que pone coto la arbitrariedad en la elección.

El gobierno local de A Coruña ya ha anunciado que recurrirá la sentencia que ordena el cese de los citados 160 funcionarios. Apelará contra ella, a pesar de que en el juicio no presentó argumentos para defender los nombramientos, todos ellos aprobados o renovados por acción u omisión durante este mandato. Durante la vista, los representantes del Ayuntamiento señalaron que está en marcha un concurso para regularizar la situación de la plantilla. El juez rechazó ese argumento señalando que los funcionarios debían ser cesados, ya que no se contradice el «hecho cierto» de que las comisiones habían excedido su máximo legal.

Pese a ello el gobierno sigue insistiendo en que el citado concurso es la solución, a pesar de que deja fuera las plazas de la escala más alta, la de los jefes de servicio, departamento y sección.

Los funcionarios reclamarán hoy al alcalde que saque a concurso también las plazas de jefe

El alcalde se entrevistará hoy con el grupo de funcionarios que reclama que el concurso de traslados planteado por el gobierno local sea unitario, de forma que también se oferten las plazas de jefe de servicio, departamento y sección. Con ese objetivo, los trabajadores llevan dos días recaudando firmas en los distintos departamentos municipales.

El concurso que promueve el gobierno local, de acuerdo con los sindicatos CSIF, UGT y CC. OO., solo incluye las plazas de la mitad más baja de la escala. Los funcionarios denuncian que esa decisión impedirá que parte de ellos puedan optar a las plazas de jefatura, ya que la normativa les obliga a presentarse a esta convocatoria y les prohíbe volver a participar en otros concursos durante un plazo de dos años.

El sindicato CIG, comparte ese punto de vista, y ha presentado un recurso en el Ayuntamiento.

El gobierno local asegura que si se sacasen todas las plazas a la vez se produciría un «caos organizativo» que podría mantener el Ayuntamiento parado durante semanas, por eso defiende que el proceso se haga en dos fases, una ahora y la siguiente antes de que termine el presente año.

Los funcionarios que exigen el concurso unitario señalan que esos plazos demuestran que el «caos organizativo» es una excusa, ya que ambos procesos se solaparían al estar tan próximos.

Explican además que las dos fases permitirían al gobierno local mantener a los jefes, incluso a los que siguen en su puesto de forma irregular, hasta el final del mandato, ya que ha recurrido la sentencia que obliga a su cese de forma inmediata.

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