La Marea coruñesa no ha ejecutado cuatro sentencias contra cargos a dedo
A CORUÑA CIUDAD
Siguen en María Pita incluso 12 altos funcionarios nombrados irregularmente en el 2014
11 nov 2018 . Actualizado a las 11:20 h.En este mandato, el Ayuntamiento ha recibido cinco sentencias judiciales que invalidan más de 170 nombramientos de funcionarios para distintos puestos de responsabilidad aprobados durante este y anteriores mandatos. Por el momento, el gobierno local solo ha ejecutado, de manera parcial, uno de los dictámenes, que afecta a un solo jefe de servicio.
Comisiones de servicio
Más de 150 afectados. La última sentencia, conocida esta semana, es la más importante en cuanto a números. El dictamen del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña estima en su totalidad un recurso de la CIG y ordena que se cese de inmediato a todos los funcionarios en comisión de servicio que hayan pasado más de dos años en esa situación. La sentencia afecta a entre 161 y 156 funcionarios, según se atienda a las estimaciones de la CIG o a las de los servicios municipales, que deberán volver a sus puestos de origen. La mayoría de los nombramientos, 77, se aprobaron en este mandato. El resto son de anteriores gobiernos, pero el actual ejecutivo los renovó por acción u omisión, dado que su duración máxima es de dos años y el equipo de Xulio Ferreiro lleva más de tres y medio en ejercicio.
La sentencia afecta especialmente a los altos cargos. Un total de 54 jefes están nombrados en comisión de servicio. 39 fueron designados por el actual gobierno y 15 por anteriores ejecutivos. La sentencia obliga a cesar a la mitad de ellos. El gobierno local, pese a que no presentó argumentos en su defensa durante la vista, ha anunciado que recurrirá.
El concurso de traslados que ha anunciado para regularizar la situación solo afecta a 12 de esos jefes, de la escala más baja. Tanto la CIG como amplios sectores de la plantilla consideran que las comisiones se han utilizado de forma extensiva para situar personal «a dedo», ya que ese mecanismo está restringido a casos de urgente necesidad -aunque en María Pita se ha generalizado- ya que permite hacer los nombramientos de forma discrecional.
Urbanismo
Tres jefes de servicio. El TSXG ha confirmado la nulidad del nombramiento de tres jefes de servicio del área de Rexeneración Urbana, que accedieron al puesto mediante el sistema de libre designación, también considerado discrecional. Solo uno de ellos ha sido apartado de su puesto, aunque continúa en el Ayuntamiento. La intención del gobierno local era situarlo en otro puesto de responsabilidad en la misma área de Urbanismo, pero aún no ha trascendido cuál. En los otros casos, el ejecutivo municipal considera que bastará con hacer cambios en la relación de puestos de trabajo para dar por cumplidos los dictámenes. Aunque la anulación de un acto administrativo obligaría a retrotraer la situación al momento previo a la ejecución de ese acto.
Cargos del 2014
El Tribunal Supremo. En marzo del 2017, el TSXG dictó una sentencia que anulaba el nombramiento por libre designación de 11 jefes de servicio y uno de departamento aprobados en el 2014, durante el gobierno del PP. La Marea destacó la sentencia como un ejemplo de la mala gestión de sus predecesores, pero la recurrió al Supremo. El alto tribunal rechazó el recurso el pasado 8 de marzo, dando firmeza a la sentencia. Pero el gobierno local no la ha ejecutado. Es más, pese a las peticiones de los 24 funcionarios que llevan cuatro años denunciando las irregularidades para que se haga efectivo el dictamen, el ejecutivo de la Marea ha presentado un incidente de imposibilidad parcial de ejecución, ya que en el 2017 -tras la sentencia inicial- se modificó la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, con el fin de intentar regularizar la situación de los empleados públicos afectados.
La jefa de Personal y el de Recursos Humanos también están afectados por el último dictamen
Los cerca de 160 funcionarios municipales nombrados en comisiones de servicio irregulares suponen el 10 % de la plantilla del Ayuntamiento, que ronda los 1.600 empleados. De hecho, las comisiones son tan habituales en María Pita, pese a que la normativa restringe su uso a casos de urgente e inaplazable necesidad, que más de 200 funcionarios están sujetos a una, lo que supone cerca del 14 % de la plantilla.
El uso de ese mecanismo se generalizó de tal forma en los últimos años se da la circunstancia de que la propia jefa de servicio de Personal y el jefe de departamento de Recursos Humanos están en comisión de servicio. Según el informe redactado por los servicios municipales para su presentación en el juzgado, la primera fue nombrada el 20 de julio del 2016, y el segundo el 2 de agosto del mismo año.
En el informe no figura que esas comisiones se renovasen o fuesen prorrogadas, y en ambos casos se supera el plazo máximo de dos años que marca la normativa legal, por lo que según la sentencia el gobierno local debería dictar su cese inmediato, como ocurre con los otros 160 funcionarios en la misma situación.
Todo indica que no será así tras la decisión del ejecutivo municipal de recurrir la sentencia, lo que probablemente retrasará su ejecución al menos hasta después de las elecciones municipales del 2019. Como ocurre con el resto de los jefes de servicio, departamento y sección, sus puestos tampoco han sido incluidos en el concurso de traslados convocado por el gobierno local para regularizar la situación de la plantilla este año.