Ciudad de contrastes: pisos de 1.200 euros y de 20 en un mismo edificio

Las dos caras del alquiler conviven en los barrios, el centro y la Ciudad Vieja


a coruña / la voz

No puede precisar la edad que tiene el edificio. «Más de cien años, creo que doscientos», y eso que a sus 85, Pilar Diéguez Meréns conserva una memoria envidiable. Tiene puesta la radio, que se escucha desde fuera. Es el alma de su calle. En la Ciudad Vieja «somos una familia», describe. Invita a pasar con una sonrisa. «Mi casa es el paso de peatones. Los turistas siempre se hacen fotos con las plantas», presume de su hogar. Tiene goteras. «Llevo tiempo pidiendo que reparen el techo, pero...», con unos cubos se va arreglando. Es la última inquilina que queda en el inmueble de tres alturas. «Tengo contrato hasta que cumpla los 110». Sonríe cuando pronuncia la fecha.

Paga 76 euros de alquiler. La suya es una de las conocidas como rentas antiguas. Lleva 47 años viviendo dentro de unas paredes a las que sus macetas devuelven la vida que el deterioro absorbe. Cobra 378 euros de una pensión no contributiva. «Siempre trabajé, pero no cotizaron por mí», reconoce. Fue asistenta en casas y empleada de la desaparecida Limpiezas Urbanas. «En la Seguridad Social descubrieron que mi cotización se la habían puesto a otro compañero», lamenta.

El dueño es un banco

«Esto lo compró Caixa Galicia. Compraron todas las casas de esta esquina. Las tiraron e hicieron la residencia de ancianos. En esta, como estábamos todos alquilados, no pudieron», explica. «Hace dos años firmé el contrato con Abanca. Es de 20 años. Me subieron la renta, antes era de 50 euros. Cada año me suman otros dos euros, más o menos, pero, ¿que es eso? Muy poco», le resta importancia. «Como saben que soy mayor -añade Pilar- están esperando. No venden esta casa porque quieren ampliar la residencia. Yo les dije que me iba a una habitación de su centro, pero al banco no le interesó, como lo lleva otra empresa...». Pilar está al tanto de todo. DomusVi, la marca surgida de la fusión de Geriatros -hasta el 2012 de NCG Banco- y Sarquavitae, gestiona la residencia La Ciudad.

Cambio de normativa

En 1995 entró en vigor la nueva ley de arrendamientos urbanos. Las rentas antiguas, hasta entonces congeladas, tuvieron que actualizarse a los precios del mercado en aquellas casas donde se superaba un umbral de ingresos. En los locales comerciales, si eran sociedades, la actualización fue obligatoria para todos. Se les dio un plazo que terminó en el 2015, cuando cerraron muchos bajos emblemáticos en A Coruña, como la tienda de camisas Gala. «No se volvió a hacer otra actualización más que la del 94. Ahora solo se aplica la subida del IPC», critica Carmela Lavandeira, del Colegio Oficial de Administradores de Fincas en Galicia. «Aún existen muchas rentas antiguas. Sobre todo en viviendas. Existirán hasta que los arrendatarios fallezcan. Antes se podían transmitir al cónyuge o a los hijos», aclara la abogada Asunción Jiménez de Llano Zato. Ha representando a las dos partes. «Los propietarios suelen asumir la situación. No se les puede pedir más. Hay más presiones hacia los inquilinos cuando se vende el inmueble con ellos dentro a otra sociedad. Juegan a no reparar nada, a dejar en ruina el edificio para que se vayan», dice Jiménez de Llano. La renta antigua agudiza contrastes. Como que en un mismo edificio del centro «te encuentras pisos restaurados con un alquiler de más mil euros, 1.200 incluso, con otros que siguen igual que hace cien años y por los que se pagan 20 euros al mes», subraya.

Pilar guarda el contrato que firmó con «el señor Francisco», en el 72. «Conozco gente que paga 80 euros por un piso precioso y tiene una buena pensión. Me da pena, tendría que salir de ellos pagar más», confiesa. Quedó viuda joven con dos hijos. Ha sabido tirar para adelante. «Si me quejo, es de vicio», se despide.

«Quien tiene que garantizar la vivienda digna es el Estado, no los arrendadores»

Representa a los propietarios. Carmela Lavandeira Rábade es la vicepresidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas en Galicia. Gestiona seis viviendas en A Coruña cuyo alquiler mensual no supera los 60 euros cada una. Un precio que no duda en definir de «injusto», para los dueños. «El Estado lleva muchos años beneficiándose de que los arrendadores son los que están manteniendo a la gente mayor. Es él quien tiene que garantizar la vivienda digna, no ellos. Los propietarios están asumiendo el coste. Algo básico, pero que debería costearlo la Administración», asegura Lavandeira. «Es lo que marca la Constitución», añade.

Con cinco pisos y sin ahorros

Las rentas tan baratas no dejan margen de actuación. «Los inquilinos reclaman reformas, ¿cómo las van a costear los dueños?», cuestiona. Cuenta un caso. «El de una clienta. Emigró de la montaña de Ourense a México de niña. Regresó al jubilarse. Ella y su marido habían comprado un edificio pequeño en un barrio de la ciudad. Tiene cinco plantas, tres con inquilinos de renta antigua. Pagan 90 euros de media. Ella no cobra pensión. ¡Apenas ingresa para vivir!», destaca Carmela. «No se puede generalizar al señalarlos como los malos. ¿Sabes cuánto tiempo tardas en amortizar la herencia de una vivienda alquilada? Diez años», lanza.

Esto «se va a acabar. Los inquilinos con rentas antiguas se van a ir muriendo». Aquí es donde viene para ella lo más preocupante. «La gente se va a jubilar con pagas de 600 euros. Sucede ahora e irá a más. Si no compraron, ¿cómo van a hacer para costearse un alquiler con los precios actuales del mercado?», se pregunta. El Gobierno, insiste, tiene que actuar porque se avecina otro «drama social».

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