Más de 50 funcionarios jefes del Ayuntamiento de A Coruña se nombraron a dedo, y la mitad tendrán que ser cesados
A CORUÑA CIUDAD
El actual gobierno local designó a 39, y otros 15 venían de mandatos previos y se les mantuvo
08 nov 2018 . Actualizado a las 10:35 h.Un total de 54 jefes de servicio, departamento, sección y unidad del Ayuntamiento fueron nombrados en comisión de servicio, un mecanismo que permite a los responsables políticos total discrecionalidad en el nombramiento, por lo que la normativa legal restringe su uso a casos de urgente e inaplazable necesidad y por un plazo máximo de dos años.
Pero en María Pita las comisiones de servicio no son en absoluto excepcionales. Se han empleado de forma habitual, y se ha ignorado el plazo máximo de dos años casi con la misma asiduidad.
Esas irregularidades dieron pie a un recurso judicial del sindicato CIG que fue estimado en su totalidad. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña el pasado 5 de noviembre, ordena al Ayuntamiento el «cese inmediato» de todos lo funcionarios en comisión de servicio que hayan superado el plazo de dos años en esa situación.
De los más de 200 funcionarios en comisión de servicio, el dictamen judicial afecta a 161, según el sindicato CIG, aunque un informe municipal reduce la cifra a 156. Entre ellos estarían la mitad de los 54 funcionarios jefes, que desempeñan puestos de responsabilidad. La mayor parte de ellos, 39, fueron nombrados en este mandato, y otros 15 proceden de gobiernos anteriores.
Las comisiones de servicio tienen una duración máxima de dos años, por lo que esos 15 tendrían que haber sido cesados por el actual gobierno local en algún momento de este mandato, ya que lleva tres años y siete meses al frente del Ayuntamiento.
En la parte más alta del escalafón de funcionarios están los jefes de servicio. Hay diez de ellos en comisión de servicio. Todos fueron nombrados por el actual gobierno local y seis superan el plazo máximo de dos años.
Segunda, tercera y cuarta línea
La siguiente línea está compuesta por los jefes de departamento. Hay 21 en comisión de servicio, de los que 15 fueron nombrados en este mandato. Tres de ellos, y los seis heredados de mandatos previos, superan los dos años.
Justo por detrás están los jefes de sección. Entre ellos hay 11 nombrados en comisión de servicio, seis en este mandato. Uno de ellos lleva más de dos años en esa situación, igual que los cinco procedentes de gobiernos previos.
Finalmente, las comisiones fueron utilizadas para nombrar a 12 jefes de unidad. Ocho lo fueron en el actual mandato. Dos de ellos y los cuatro heredados deberían cesar, según la sentencia, al pasar de dos años en el puesto.
La comisión de servicio también se utilizó para nombrar al actual oficial mayor, fichado por el gobierno local en el Ayuntamiento de A Laracha el 16 de noviembre del 2016. La semana pasada resultó ganador del concurso para otorgar esa plaza por procedimiento de libre designación.
También está en comisión de servicio el director de la Banda Municipal de Música, aunque está dentro del plazo de dos años.
El alcalde apela al orden
El actual gobierno local fue el que aprobó más comisiones de servicio, especialmente entre los funcionarios jefes. De hecho, la CIG ha criticado que la Marea «continuou promovendo máis comisións de servizo, algunhas mesmo disfrazadas de concursos nos que engadían restricións ou preferencias, mais só nos postos máis baixos» y, aunque señala que el ejecutivo de Xulio Ferreiro «non é o responsábel do inicio da totalidade dos postos denunciados», si sería «responsábel das sucesivas renovacións». Pese a ello, el alcalde insistió ayer en que el problema viene de años atrás y en que su equipo lo que pretende es devolver el «orden» a la plantilla del Ayuntamiento.
Pero la vía para lograrlo no pasa por ejecutar la sentencia judicial, que ordena el cese «inmediato» de los funcionarios. El gobierno local ya ha anunciado que la recurrirá, aunque según la sentencia en el juicio no articuló argumentos en su defensa, y mientras tanto tramitará un concurso de traslados para regularizar la situación de los funcionarios.
El propio juez rechaza esa solución al señalar que el citado concurso no invalida un «hecho cierto», la «ilegalidad» del mantenimiento de las comisiones que superan los dos años. De ahí que ordene el cese inmediato. La CIG ha invitado al equipo de Ferreiro a cumplir el «contundente» fallo judicial, y ha advertido que sería «temerario» no hacerlo, pero el recurso se da por seguro.
