El juez anula más de 150 nombramientos a dedo en 30 departamentos del Ayuntamiento de A Coruña

El fallo ordena el cese inmediato de los afectados y carga las costas al consistorio. Participa: ¿Te parece correcto que se pueda designar a funcionarios a través de comisiones de servicio?

E.Eiroa
A Coruña

El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña ha ordenado al gobierno local que cese de inmediato a los funcionarios en comisión de servicio que hayan pasado más de dos años en esa situación. La sentencia carga además las costas al Ayuntamiento, hasta un máximo de 400 euros.

El dictamen estima en su totalidad y sin matiz alguno el recurso interpuesto por el sindicato CIG, que el pasado 4 de enero solicitó al gobierno local que se anulasen las citadas comisiones de servicio. Según la demanda del sindicato, hay 150 nombramientos que han superado el plazo de dos años antes mencionado. Los afectados tendrán que volver al puesto que tenían antes del nombramiento, incluso aunque lo desempeñasen en otra Administración distinta a la municipal.

El gobierno local no contestó a la solicitud de la CIG del 4 de enero, rechazándola mediante el silencio administrativo. A pesar de ello, durante la vista no presentó argumentos para oponerse al recurso de la central sindical. Al contrario, según la sentencia los representantes del Ayuntamiento reconocieron «que en efecto las comisiones de servicios relacionadas [en el recurso de la CIG] se han prolongado más allá de la limitación temporal» que prevé la normativa de acceso a la Administración.

Además, la defensa del Ayuntamiento argumentó que el gobierno local se encuentra «en vías de negociación para regularizar dicha situación», por medio de «la convocatoria de procedimientos de provisión de puestos de trabajo de los afectados por dichas comisiones de servicios». El fallo judicial rechaza esos argumentos, y señala como un «hecho cierto» la «ilegalidad del mantenimiento de las comisiones de servicios referidas más allá de los dos años de límite máximo». Por ese motivo, se «impone la estimación de la demanda» y el magistrado ordena el cese inmediato del personal relacionado en el proceso.

Los 150 funcionarios afectados suponen cerca del 10 % de la plantilla total del Ayuntamiento. Los nombramientos anulados se reparten entre 30 oficinas municipales, desde el gabinete jurídico hasta el propio departamento de Personal. El gobierno local señaló ayer que los problemas de «temporalidad» afectan a más de 220 empleados municipales, ya que a las comisiones de servicio habría que sumar trabajadores contratados por otras vías.

Disfrazadas de concurso

Aunque han sido invalidadas por superar el plazo, la denuncia de la CIG se centraba en principio en el uso irregular de las comisiones de servicio, un mecanismo que la ley limita a casos de «urgente e inaplazable necesidad», pero que por su extensión en el Ayuntamiento se ha convertido en «algo habitual», según señaló el secretario de la sección sindical José María Calatayud.

Cuando se planteó la demanda, recordó, tenían computadas unas 200 comisiones de servicio, lo que supone el 14 % del personal municipal. Según reiteró, alrededor de 150 están en situación de irregularidad, al haberse superado el plazo de dos años.

Calatayud señaló que el actual gobierno local «non é o responsábel do inicio da totalidade dos postos denunciados», pero «si é responsábel das sucesivas renovacións». Es más, el responsable de la sección sindical señaló que el gobierno local, lejos de acometer un concurso y regularizar la situación, «continuou promovendo máis comisións se servizo, algunhas mesmo disfrazadas de concursos nos que engadían restricións ou preferencias, mais só nos postos máis baixos». Finalmente, advierte que el gobierno local cometería un «acto temerario», tanto por los costes judiciales extras como por seguir manteniendo «nombramientos arbitrarios», si intenta «atrasar o contundente fallo do xuíz» mediante la presentación de un recurso. Todo indica que será así, ya que el Ayuntamiento, aunque según la sentencia no presentó argumentos contra la demanda, anunció que apelará el dictamen.

Todo indica que será así, ya que el Ayuntamiento, aunque según la sentencia no presentó argumentos contra la demanda, anunció que apelará el dictamen.

Nombramientos discrecionales

Por tratarse de un sistema de elecciones de personal para casos de urgente e inaplazable necesidad, las comisiones de servicio permiten a la autoridad competente nombrar discrecionalmente o con requerimientos mínimos a las personas que las desempeñan. Cuando presentó la demanda, la propia CIG describió como «a dedo» muchos nombramientos aprobados por ese mecanismo, y ayer exigieron al gobierno local que regularice la situación, «cumprindo coa legalidade e garantindo a carreira profesional á que teñen dereito» los empleados de la Administración. 

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E. Eiroa

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El problema de las comisiones de servicio y adscripciones provisionales afecta a cerca del 14 % de la plantilla municipal. El nombramiento de funcionarios para ocupar determinadas plazas mediante ese sistema es legal, siempre que se haga en situaciones «urgentes y de inaplazable necesidad». Los sucesivos gobiernos locales han recurrido a esa figura, y no a los concursos, para cubrir puestos con mayor discrecionalidad que en los concursos abiertos, facilitando así, sin recurrir a la libre designación, que personas de la confianza de un partido ocupe un puesto determinado. La ley indica que el tiempo máximo en esa situación es de dos años, pero esa cifra se rebasa ampliamente en A Coruña y se dan casos, también en el actual mandato, en que se cesa a un funcionario pasados los dos años y se vuelve a nombrar en comisión de servicios al día siguiente. 

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