La Marea acalló las protestas de la policía disparando las horas extras

El gasto en julio era de 411.845 euros, el doble de lo invertido en todo el año 2016


a Coruña / la voz

En el año previo a las elecciones municipales, el gobierno local ha permitido que se multiplique el gasto en horas extras de la Policía Local para evitar que el conflicto con los agentes por la reclasificación de sus puestos se recrudeciese. Así lo admite la propia concejala de Seguridade Cidadá, Rocío Fraga, en un escrito interno que dirigió el pasado 15 de octubre a los policías, y en el que concreta la cantidad gastada: 411.845 euros en horas extras hasta el mes de julio. Esa cifra contrasta con los 207.818 euros invertidos en el mismo concepto durante todo el 2016, cuando no había estallado el conflicto.

La medida que disparó el pago de horas consiste en negarse a hacer servicios extraordinarios de duración inferior a la jornada de trabajo, es decir siete horas, independientemente de la duración real del servicio requerido. No es la primera vez que los agentes usan ese mecanismo de presión para demostrar la falta de personal de la plantilla.

Así, en el primer semestre del año, los policías hicieron 9.424 horas extras. Solo en San Juan se pagaron 951 horas a 98 agentes, casi 10 horas por cada uno. La hora extra ordinaria se compensa con cerca de 15 euros, las realizadas en horario nocturno o en festivos se pagan al doble.

En su carta, Fraga dice que, desde el gobierno, «aceptamos a medida e ampliamos os servizos extraordinarios solicitados de acordo con dita medida de presión plantexada polos sindicatos».

Además, la concejala reconoce que «o gasto en horas disparouse e desde os servizos económicos levan meses avisándonos», dice en un párrafo del documento.

La misiva también lamenta que la problemática se mantiene en la actualidad: «En ningún momento desde que está este goberno (...) se puxera sobre a mesa o asunto das horas ata que eu, persoalmente, preguntei que cando se tiña previsto rematar coa medida de presión». La protesta se mantuvo a pesar de que el gobierno local cedió a todas las pretensiones de los agentes municipales sobre la reclasificación.

De hecho, el ejecutivo aplicó esa reforma pese a los reiterados informes contrarios del servicio de Intervención, que la considera contraria a la ley. La reclasificación supondrá otro desembolso del Ayuntamiento a favor de los agentes de unos 285.743 euros en los seis últimos meses del año.

En su escrito, la concejala dice que «por responsabilidade cos cartos públicos» se está llamando a los agentes «nas horas que se corresponden coas necesidades dos servizos, maioritariamente quendas de 7 horas ou máis», pero admite que el mantenimiento de la medida «non favorece a ninguén, nin ao servizo, nin ao persoal que o leva a cabo, e moito menos á cidadanía que é a que paga os servizos cando non se cumpren as condicións de calidade que se agardan», ya que en algunos momentos no permite reforzar los dispositivos.

La titular de Seguridade también asume en la carta que «non podo evitar que o persoal se negue a facer servizos extraordinarios nas condicións que se ofrecen». Por ese motivo, pregunta a los policías: «Non nos atopamos, a este respecto, en condición de abordar o asunto desde o diálogo», y les pide que hagan una nueva propuesta de servicios extraordinarios para sentarse a negociar lo antes posible.

En la Policía Local y los bomberos, el reparto de las horas ha sido motivo de conflicto durante años. Ambos servicios cuentan con plantillas menos numerosas de lo que requieren sus funciones, por lo que esas carencias se cubren mediante horas extras. 

El origen del conflicto

Desde finales del año pasado, el gobierno local se encontró con una posible escalada del conflicto con la Policía Local. Los agentes reclamaban que se aplicase el acuerdo de reclasificación del 2009, cuya ejecución fue paralizada por las medidas anticrisis del Gobierno central en el 2012. Como en el mandato anterior, los policías empezaron organizando concentraciones, pero la tensión se disparó tras el desalojo de los okupas de la Insumisa, en el que resultaron heridos dos agentes locales y dos nacionales. La intervención causó un fuerte enfado, ya que el gobierno local pidió «no criminalizar» a los agresores, y rechazó denunciarlos o pedir alguna condena. Unas semanas después, el gobierno local aprobó la reclasificación.

Protestas de los trabajadores de Mobilidade

Durante las últimas mesas de negociación entre los sindicatos y el gobierno local, el reparto de las horas extras ha sido uno de los temas recurrentes. De hecho, el personal de Mobilidade Urbana ha presentado dos quejas por la distribución de esos servicios, que la Administración remunera de forma generosa. En movilidad hay funcionarios a los que se ha autorizado a hacer 40 horas normales y otras 20 nocturnas o festivas, lo que supone alrededor de 1.200 euros más al mes. Parte de la plantilla atribuye esas situaciones al «grave desorden administrativo».

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