Anulado un concurso municipal en A Coruña que puntuaba no ser heterosexual

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha anulado el concurso abierto por el gobierno local de A Coruña para contratar el Espazo Diverso, cuyo objetivo era crear un espacio municipal para «las diversidades sexuales e identidades de género».

El tribunal, que tomó esa decisión por considerar que vulnera los artículos 145.5 y 146 de la ley de contratos públicos, intervino a raíz de un recurso presentado por la Asociación Galega para a Saúde Sexual, que impugnó una de las cláusulas de adjudicación que recogían los pliegos.

Ese criterio otorgaba hasta cinco puntos a las empresas que se comprometiesen a subcontratar al menos un 25 % de los trabajadores entre personas LGTBQI, es decir con orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad.

En su recurso, la Asociación Galega para a Saúde Sexual reconocía la «boa vontade» de la Concejalía de Igualdade, que dirige Rocío Fraga, al incluir esa cláusula que considera una discriminación positiva, pero recordaba que no hay un marco legal que la respalde, ya que la normativa vigente no recoge la discriminación positiva por orientación sexual.

Es más, la entidad planteaba que la futura empresa adjudicataria podría estar incurriendo en una «acción directa ou indirectamente discriminatoria» al subcontratar a personal de acuerdo a su orientación sexual, tal y como recoge el artículo 145 de la ley.

Más allá de ese punto, la asociación también se preguntaba «como pode acreditar un/unha traballadora a súa orientación sexual» a la hora de ser subcontratado. Por ello, no estaría garantizado que las ofertas fuesen analizadas en «competencia efectiva».

Por otra parte, señalaba que se podría incumplir otra vez el marco legal cuando la adjudicataria solicitase a los aspirantes a un puesto de trabajo que detallasen su orientación sexual. 

Las declaraciones juradas

Frente a esas críticas, el gobierno local alegó que la cláusula pretendía fomentar la «integración social de membros de grupos vulnerables». Señalaba que los cinco puntos suponían menos del 5 % de la puntuación máxima y que no se trata de una cláusula obligatoria. En su escrito el Ayuntamiento añadía que el cumplimiento de la cláusula se comprobaría «ao longo da execución do contrato», y destacaba que se decidió aplicar ese criterio en base a la experiencia de un contrato menor anterior con el mismo objetivo, en el que «as actividades realizadas eran impartidas por persoas pertencentes ao devandito colectivo [LGTBQI]».

Finalmente, el gobierno local reconocía que ningún organismo oficial expide certificados de orientación sexual, por lo que defendía que «sería suficiente» la «declaración xurada desas persoas expresada no seu curriculum vitae ou en documento ad hoc».

 El ejecutivo municipal insistía además en que esos documentos estarían «amparados ambos pola normativa de protección de datos en canto a dato de alta protección e as esixencias de sixilo e confidencialidade».

Los argumentos del gobierno local no convencieron al tribunal, que dio validez a la práctica totalidad de los argumentos de la Asociación Galega para a Saúde Sexual, y recordó en su dictamen que la orientación sexual de las personas «pertence ao máis nuclear da súa intimidade» y a su esfera «máis íntima e protexible».

El dictamen señala que el gobierno local «ven a recoñecer isto, pero o fai para xustificar que só caiba pedir declaracións xuradas ao respecto». Sin embargo, recuerda que esas declaraciones sirven para no obligar a alguien a presentar una documentación hasta que se le requiera, pero no para «converter en comprobable» algo que no se puede comprobar sin incumplir la ley: la orientación sexual.

La respuesta del concello

Desde María Pita apelan a la «buena intención» para justificar que el concurso incluyese la «discriminación positiva». El gobierno local anuncia que comenzará un proceso de contratación de urgencia una vez que se ha anulado el proceso vigente hasta ahora. «El Ayuntamiento está en trámites para ajustarse al tribunal», han asegurado fuentes municipales. Fue Silvia Cameán, edila de Xustiza Social, la que dio explicaciones este martes. «Se intentó hacer con toda la buena intención esa discriminación positiva (...) Nos respondieron que no cabe porque no tiene marco jurídico y no pasa nada», dijo la concejala.