La apertura de la cárcel coruñesa que provocó la causa por prevaricación cuesta 1.126 euros al día

El concello gastó 184.600 euros en un edificio cuya cesión prorrogable un año termina el 15 de enero


a Coruña / la voz

El convenio por el que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) cedió la antigua cárcel provincial al Ayuntamiento de A Coruña finalizará el próximo 15 de enero. El acuerdo tenía una vigencia de dos años, pero los retrasos en las obras de rehabilitación contratadas por el gobierno local impidieron que la prisión abriese sus puertas hasta el pasado 4 de agosto, cuando Proxecto Cárcere celebró una jornada de apertura.

Las citados trabajos de recuperación costaron 184.660 euros. Entre el 4 de agosto y el 15 de enero hay 164 días, por lo que el Ayuntamiento habrá invertido 1.126 euros por cada jornada en la que habrá tenido abierto el edificio. El Ayuntamiento podría solicitar que el convenio se prorrogase un año más, pero no hay garantías de que esa inversión sea útil más allá del término del convenio, cuando el inmueble volverá a estar en manos de la SIEP.

Por otra parte, en caso de que se alcanzase un acuerdo para que el edificio pasase a ser propiedad el Ayuntamiento -de lo que hay pocas posibilidades porque ambas Administraciones mantienen una pugna judicial por el edificio-, los trabajos realizados apenas servirían para que volviese a ser habitable. Así lo indican los informes firmados por el arquitecto municipal y la arquitecta de la empresa constructora, en los que concluían que el histórico edificio necesita un proyecto de rehabilitación mucho más ambicioso para que su interior sea seguro y pueda ser visitado por el público de manera habitual.

De hecho, las obras ejecutadas en estos años permitieron a Proxecto Cárcere utilizar menos de 200 metros cuadrados de las instalaciones, cuando en total suman más de 5.000 metros útiles. La entidad ha puesto en marcha una campaña para solicitar que las obras de mejora se amplíen a otras zonas del inmueble, pero por ahora el Ayuntamiento no ha dado pasos en esa línea y parece complicado que lo haga dada la situación jurídica del inmueble, que el próximo enero podría volver a manos de la SIEP si no concede al Ayuntamiento, o este no llega a solicitar, la prórroga.

Además del coste económico para el Ayuntamiento, la adjudicación de la prisión a Proxecto Cárcere también ha supuesto la apertura de una investigación por presunta prevaricación contra el gobierno local. En un auto emitido el pasado 4 de octubre, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ordenó la apertura de diligencias previas a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía.

El Ministerio Público actuó a raíz de otra denuncia interpuesta por el grupo municipal del PP, en la que su portavoz, Rosa Gallego, enumeraba varias supuestas irregularidades en relación al concurso organizado por el gobierno local con el fin de adjudicar la gestión de la prisión. Ese proceso terminó con la adjudicación a Proxecto Cárcere. Gallego había vaticinado ese resultado meses antes y afirmó que las bases se habían hecho a medida con esa finalidad. En su denuncia, el Ministerio Fiscal considera que de los hechos «parece desprenderse la prevalencia de interés de ceder el uso del edificio a la asociación Proxecto Cárcere por encima del cumplimiento estricto de la legalidad».

El auto de la magistrada no atribuye la posible prevaricación administrativa a nadie, a la espera de que avancen las investigaciones, aunque el escrito de la Fiscalía Provincial de A Coruña sí señala que el hecho a indagar es «la adjudicación, por resolución de 8 de septiembre del 2017» dictada por la concejala de Participación, Claudia Delso. 

PSOE y BNG guardan silencio sobre el caso

La decisión de la magistrada de abrir diligencias previas provocó reacciones del PP, que consideró reforzadas sus sospechas sobre la adjudicación, y del alcalde, Xulio Ferreiro, que reiteró su convencimiento de que el proceso se desarrolló de forma legal.

Pero tanto el PSOE como el BNG han guardado silencio. Los nacionalistas, que han reclamado al gobierno local varias veces que clarifique el futuro del edificio, tuvieron que reducir su actividad por un problema de salud de su portavoz y única representante, Avia Veira, que el pasado lunes no pudo acudir al pleno.

Ese día se debatió una propuesta del PP para instar al gobierno local a anular la adjudicación de la cárcel tras la denuncia del fiscal. La propuesta no salió adelante por el voto en contra de la Marea y la abstención del PSOE. Los socialistas no tocaron el tema desde entonces, pese que a la denuncia de la Fiscalía se sumó la apertura de diligencias judiciales.

El silencio ha desorientado a parte de la militancia, que cree que se debían haber exigido responsabilidades a la Marea. Lo mismo ocurre con la postura general del partido sobre el concurso. El PSOE ha llegado a decir que el concurso se hizo «a medida», pero a pesar de ello no vota a favor de que sea anulado.

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