La jueza investigará a la Marea por presunta prevaricación en la adjudicación de la cárcel

El auto judicial afirma que los hechos «hacen presumir la posible existencia de delito»


a Coruña / La Voz

El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ha acordado incoar diligencia previas para investigar un posible delito de prevaricación administrativa en la decisión del gobierno local de la Marea de adjudicar la gestión de la antigua prisión provincial a la asociación Proxecto Cárcere.

La decisión de la magistrada se produce a raíz de la denuncia interpuesta por la Fiscalía, que considera que de los hechos «parece desprenderse la prevalencia del interés de ceder el uso del edificio a la asociación Proxecto Cárcere por encima del cumplimiento estricto de la legalidad», lo que podría suponer un posible delito de prevaricación.

En su denuncia, la Fiscalía Provincial de A Coruña señala que el hecho a investigar debe ser la adjudicación de los usos de la cárcel, firmada por la concejala de Participación, Claudia Delso, el 8 de septiembre del 2017; y cita ocho «circunstancias fácticas» que indicarían la posible comisión del mencionado delito.

Entre ellas menciona la coincidencia de las bases del concurso por el que se adjudicó la cárcel con el plan de Proxecto Cárcere, que uno de los miembros de la comisión que valoró las ofertas es fundador de esa entidad, o que el Ayuntamiento envió al Juzgado de lo Contencioso que ya estaba investigando los hechos documentación en la que se omitía que parte de los miembros y asesores del gobierno local formaron parte de Proxecto Cárcere.

La Fiscalía denunció después de que la portavoz del PP, Rosa Gallego, le remitiese un escrito en el que se detallaban las presuntas irregularidades en la adjudicación de la cárcel. Los populares también señalaban que se podrían haber cometido delitos de malversación y contra la Administración de Justicia, pero el ministerio público ha desechado esa posibilidad por el momento.

Al ser la denunciante, Gallego acudirá a declarar como testigo el próximo 14 de diciembre. Además, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 también ha aceptado su personamiento en la causa. El auto de la jueza, emitido el pasado 4 de octubre, ordena además que se recabe la documentación relacionada con la adjudicación de la cárcel del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, que tramitaba el recurso del PP contra la decisión del gobierno local. 

El alcalde dice que es «normal»

Cuando el PP acudió a la Fiscalía, Xulio Ferreiro aseguró que su denuncia no tenía «ningunha» posibilidad de prosperar, la describió como una «perrencha» y aseguró que la Fiscalía estaba para «cousas máis importantes». Ayer, sin embargo, calificó de «normal» y «esperable» que el juzgado haya decidido abrir diligencias previas a raíz de la denuncia de la Fiscalía. El regidor insistió en que la adjudicación de la cárcel se tramitó de acuerdo a la ley. Añadió que por el momento no se ha llamado a ningún miembro del gobierno local o funcionario a declarar, ni se les ha solicitado documentación desde el juzgado.

Añadió que toca «agardar» e insistió en que están «confiados» en que van a poder aclarar lo ocurrido, «no caso de que precise aclaración», en los tribunales.

Por su parte, Rosa Gallego mostró su satisfacción porque «ya no es el PP, es la Fiscalía y ahora el juzgado también los que ven indicios de prevaricación». Una referencia a las citadas declaraciones de Ferreiro y de varios concejales de la Marea, que durante meses reprocharon a los populares poner en duda sin fundamento alguno la gestión del gobierno local en la adjudicación de la antigua cárcel provincial.

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