El juzgado abre diligencias por presunta prevaricación del gobierno local de la Marea en el caso de la cárcel
A CORUÑA CIUDAD
El alcalde, Xulio Ferreiro, se mostró seguro de que la adjudicación se aprobó de acuerdo a la legalidad
10 oct 2018 . Actualizado a las 14:43 h.El juzgado de Instrucción número 8 ha ordenado abrir diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa del gobierno local de A Coruña en la adjudicación del contrato para la cesión de uso de la antigua prisión provincial a Proxecto Cárcere.
La semana pasada, la Fiscalía Provincial apreció indicios de un delito de prevaricación en la actuación y presentó un escrito de denuncia contra la resolución firmada por la edila de Participación, Claudia Delso. La Fiscalía actuó a instancias del PP y aunque los populares apuntaban también a posibles delitos de malversación y contra la administración de justicia, el Ministerio Fiscal los descartó, limitando la denuncia a la prevaricación.
Decisión «esperable»
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, no se ha mostrado sorprendido por la decisión del juzgado. El regidor explicó que se trata de una decisión «normal e esperable» y confirmó que por el momento no han llegado requerimientos a María Pita para que facilite documentación o acudan a declarar ediles o funcionarios.
Ferreiro señaló que «hai que agardar» a las decisiones judiciales y se mostró seguro de que la adjudicación de la gestión de la cárcel se aprobó de acuerdo a la legalidad y que así quedará demostrado.
Bases a medida
Según el PP, el gobierno local se basó en el plan presentado por Proxecto Cárcere, elaborado meses antes del concurso, para hacer unas bases adaptadas a la entidad. En el documento figuraban diversos nombres de concejales y asesores municipales identificados como miembros de la asociación. En la denuncia de la Fiscalía se cita también esa omisión de datos entre los asuntos que deben ser investigados.
En ese listado de personas vinculadas a la Marea y que aparecían como integrantes de Proxecto Cárcere figuraban, entre otros, los ediles Rocío Fraga, Xiao Varela y María García y los asesores Iago Martínez y Natalia Balseiro. La entidad cambiaría después la lista, alegando que no estaba actualizada.
La Fiscalía explicó que tiene en su haber «el expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento al juzgado de lo Contencioso, en el que figura el plan de viabilidad incompleto, faltando los folios 19 a 54, en donde se recogen los objetivos y el plan de la plataforma y sus componentes».
