Claudia Delso considera una «cuestión administrativa» la omisión al juzgado de datos sobre la cárcel
A CORUÑA CIUDAD
La edila pide cautela mientras no reciban la notificación oficial de la denuncia de la Fiscalía por posible prevaricación. Participa en nuestra encuesta: ¿Deben depurarse responsabilidades políticas por el caso de la cesión de la cárcel?
04 oct 2018 . Actualizado a las 10:25 h.La Fiscalía presentó una denuncia en el juzgado de primera instancia número 8 de A Coruña por un posible delito de prevaricación contra el gobierno local por la cesión de uso de la antigua prisión provincial. El fiscal ve indicios de delito tras analizar un caso que llegó a sus manos tras trasladárselo el PP. En el listado de hechos que podrían justificar la existencia de prevaricación enumera ocho asuntos, entre ellos el del envío al Contencioso, por parte del Ayuntamiento, de un documento del que se omitieron, desde María Pita, 35 páginas de un total de 54.
El Contencioso dirime un recurso presentado por el PP contra la adjudicación de la cárcel a Proxecto Cárcere -caso todavía sin cerrar- y solicitó, entre otras cosas, el plan de viabilidad de la entidad adjudicataria. María Pita se lo remitió, pero solo hasta la página 19, omitiendo el resto. «Nos sorprende, non sabemos a que se refire e, en todo caso, se hai algo que mirar, pois se mirará», dijo ayer Claudia Delso, concejala de Participación y firmante del procedimiento cuya legalidad dirimirá ahora el juzgado.
Preguntada sobre los folios desaparecidos, la concejala aseguró que el Ayuntamiento «entregou toda a documentación que se nos pediu», y destaca que en todo caso la denuncia presentada por el PP por la desaparición de esos folios, que los populares consideraban un caso de obstrucción a la justicia, fue rechazada por la Fiscalía. No comparte que exista un delito contra la Administración de Justicia, pero sí enumera la falta de documentación en las posibles causas de prevaricación.
«Ten que ver con cuestións administrativas», sugirió ayer Delso sobre la posible omisión de esos folios. En todo caso, la concejala pidió la «máxima cautela» a la hora de hacer valoraciones «porque non temos informacións concretas», dijo en referencia a que el consistorio no ha recibido ninguna notificación oficial de la denuncia cursada por la Fiscalía.
Una lista de nombres
El PP llevó el caso a la Justicia al entender que la cesión de uso de la cárcel se había entregado «a dedo» a una asociación, Proxecto Cárcere, para la que se habrían elaborado unas bases «a medida». Esa entidad, además, tendría miembros que también lo serían de la Marea.
Entre los folios 35 y 38 del plan de viabilidad de Proxecto Cárcere -páginas que fueron omitidas en la remisión al juzgado del documento- figura la «relación provisional de colectivos e persoas» vinculados a la asociación. Aparecen personas con cargos relevantes en En Marea (Antón Gómez Reino) y también concejales del actual gobierno local, concretamente María García, Xiao Varela y Rocío Fraga. En la nómina de 151 nombres constan también dos asesores del gobierno municipal, Iago Martínez y Natalia Balseiro. En la página 37 del documento está Miguel Martín Fernández. Lo cita la Fiscalía, pues esa persona que figuraba en el listado de Proxecto Cárcere fue uno de los integrantes de la comisión de valoración del Ayuntamiento que evaluó las dos ofertas presentadas y que finalmente entregó a Proxecto Cárcere la gestión.
«Agardo que o que non puidemos dicirlle ao fiscal llo poidamos dicir ao xuíz», indicó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, sobre el caso. El gobierno local negó en su día que los cargos de esa lista estuvieran en Proxecto Cárcere y aseguró que la última en salir fue Rocío Fraga, en el 2016.
La Marea critica a la Fiscalía porque no se dirigió al consistorio para recabar testimonios
A través de sus redes sociales la Marea Atlántica vertió críticas contra la actuación de la Fiscalía en el caso de la prisión. «A Fiscalía avisa a través da prensa de que atopa indicios de prevaricación», indicaron desde el partido, que afirma que el ministerio público actúa a partir de una denuncia del PP «sen dirixirse antes ao Concello para solicitar probas ou testemuños».
La Fiscalía emitió el lunes una nota de prensa informando de que veía indicios de delito y por ello cursaba denuncia ante el jurado. Fuentes jurídicas indican que la Fiscalía no tiene ninguna obligación de informar a las partes de que investiga un posible delito, ya que la Fiscalía no se dedica a instruir los procedimientos. En caso de encontrar indicios de delito el ministerio público pone el caso en manos de los juzgados. Son los jueces los que deben valorar después y citar a los afectados para valorar nuevamente esos indicios y considerar si abre un procedimiento e investiga posibles irregularidades o lo archiva. El juez todavía no ha dado ese paso y las partes no han sido citadas, aunque la denuncia del fiscal ya se registró en el número 8 de A Coruña.
