La Fiscalía enumera ocho indicios de delito en la cesión de la cárcel de A Coruña
A CORUÑA CIUDAD
La denuncia por prevaricación ya ha sido presentada por el ministerio público
03 oct 2018 . Actualizado a las 10:18 h.La Fiscalía Provincial presentó ayer en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 8 de A Coruña la denuncia por un presunto delito de prevaricación contra el gobierno local de A Coruña por haber presuntamente beneficiado a una entidad, Proxecto Cárcere, en el concurso público convocado para la cesión del uso de la antigua prisión provincial. El ministerio público actuó a instancias del PP, que había pedido también que se investigasen los delitos de malversación y contra la administración de justicia. La Fiscalía rechazó los dos últimos, pero cita ocho posibles indicios -de la lista de denuncias aportadas por el PP- para investigar el primero de ellos.
Programa electoral
Antes del concurso. Según la denuncia del PP recogida por la Fiscalía, ya se preveía «la asunción en el programa electoral de la agrupación actualmente gobernante del contenido de las actividades y fines del proyecto de la asociación adjudicataria».
Entidad privada
Cuestionada adjudicación. La Fiscalía valora también «la cuestionada adjudicación de la cesión del uso a una asociación privada, aparentemente contrariando a los artículos 145 y 147 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas».
Coincidencia de las bases
A medida. El documento muestra las dudas sobre «la coincidencia de las bases de la convocatoria con el plan de viabilidad de la asociación». Los pliegos se habrían elaborado recogiendo propuestas del proyecto de la entidad que a la postre ganaría el concurso.
Comisión de valoración
Mismas personas. El ministerio público ve también susceptible de investigación «el nombramiento para la comisión de valoración [el organismo que evaluó las propuestas] de uno de sus fundadores [de Proxecto Cárcere], Miguel Martín Fernández».
El recurso
Inadmisión. El PP presentó en su día un recurso de reposición contra la adjudicación del contrato, que no fue admitido por el gobierno local. También se investigará «la inadmisión sin el informe preceptivo, del recurso interpuesto por la denunciante [Rosa Gallego, portavoz del PP] contra la adjudicación, por falta de legitimación».
Contencioso
Omisión de documentos. Por la adjudicación de la cárcel hay otro proceso en el Contencioso. El Ayuntamiento envió a ese juzgado documentación sobre el caso, pero en uno de los informes omitió más de la mitad del texto del plan de viabilidad de Proxecto Cárcere. Así, se lo remitiría «sin la parte en la que figuran los nombres de los responsables municipales», los mismos asesores y concejales que estaban en la lista de fundadores de la entidad.
Actividades
Sin comunicación previa. También pide el fiscal que se investigue «la permisividad por parte de las autoridades municipales de la utilización diaria del edificio, en contra de los términos del convenio de cesión firmado, que limitaba a actividades puntuales con autorización previa».
Convenio con el SIEP
Incumplimiento. El fiscal recuerda que en el convenio de cesión al consistorio del inmueble por parte del SIEP el Ayuntamiento debía hacer las obras necesarias para la seguridad de los usuarios. «La adjudicación [a Proxecto Cárcere] se formalizó el 8 de septiembre del 2017 pese a que días antes se había adjudicado la ejecución de un proyecto de conservación, por importe de 184.659 euros, que poco tenía que ver con la exigencia de rehabilitación impuesta por el convenio, como se desprende del informe de fin de obra».
Ferreiro se declara «sorprendido» por la acusación y Claudia Delso descarta dimitir
El alcalde, Xulio Ferreiro, acudió ayer a un acto en Santiago. Allí declaró sentirse «sorprendido», dijo, porque no pensaba que el asunto llegase a un juzgado penal. Mostró el regidor su «máxima disposición» a colaborar con el juzgado y que les dará «todas as oportunidades que non tivemos diante do fiscal». Insistió en que el concurso, en el que la Fiscalía ve indicios de prevaricación, se hizo «coa máxima transparencia» y acusó al PP por su «empeño en atacar políticas que van ao servizo da cidadanía».
Por su parte, la concejala Claudia Delso, a quien se refiere el escrito del fiscal por firmar las resoluciones de adjudicación de la cárcel, dijo que el PP «non conseguirá que o goberno local abandone os avances democráticos», y aseguró sentirse «tranquila», destacando que la Fiscalía solo investigaba un delito, prevaricación, descartando los de malversación y contra la administración de justicia. El código ético de la Marea indica que en supuestos de imputación por casos de corrupción hay que dejar el cargo, pero Delso indicó que todavía no hay ninguna resolución judicial sobre el asunto. «A cuestión da dimisión non está enriba da mesa neste momento», dijo.
Acusación particular
Por su parte, la portavoz del PP, Rosa Gallego, anunció ayer que su partido ya se ha personado como acusación particular en el caso, y acusa a Ferreiro de «haber mirado para otro lado tanto en la compra irregular de pisos a un firmante como en la adjudicación de la cárcel, pese a las continuas advertencias del PP».
