Grandío apuntó también que su partido se limitó a aplicar la normativa europea al declarar la caducidad de la concesión a la Compañía de Tranvías, prorrogada desde el 2016, que fue recurrida por la empresa y, a juicio de la oposición, derivará en un proceso judicial cuyo coste «será una herencia envenenada», en palabras de la concejala popular, y traerá consigo «una hipoteca que pagaremos todos los coruñeses, y eso es imperdonable», dijo el portavoz socialista, José Manuel García. También Avia Veira, por el BNG, censuró al gobierno de la Marea «a non política de mobilidade» y que desaprovechase «a oportunidade única» cuando se declaró la caducidad de no prorrogar el contrato y diseñar un nuevo modelo: «Era preciso valentía e despoxarse do populismo», lamentó la edil, que coincidió con los demás grupos de la oposición en que solo la bajada del coste del bus urbano «non resolve» los problemas de la ciudad.
Reordenar las líneas para dar cobertura a los grandes núcleos de trabajo, ajustar los horarios del bus a los laborales, mejorar las frecuencias, y crear carriles prioritarios para el transporte colectivo son, a juicio de la oposición, asignaturas pendientes.
