Recurso al Constitucional para salvar el edificio de Fernando Macías

El alcalde confía en que el voto particular de un juez del TSXG permita solo la demolición parcial

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A Coruña / La Voz

El alcalde, Xulio Ferreiro, anunció ayer que el Ayuntamiento acudirá al Tribunal Constitucional para hacer frente al último revés judicial a la estrategia emprendida por María Pita para salvar del derribo a la antigua sede de Fenosa, en Fernando Macías.

El inmueble está condenado por sentencia desde el año 2001 y desde entonces los distintos gobiernos locales han emprendido distintas estrategias para tratar de evitar ese extremo. El actual, de la Marea, sigue la iniciada por sus predecesores, el PP, buscando una demolición parcial del inmueble para adaptarlo al planeamiento en vigor. El Supremo ya dijo que no a esa vía en el 2016, pero el consistorio promovió un incidente de imposibilidad de ejecución.

«Es constante la jurisprudencia que considera que no se puede utilizar un incidente de nulidad con la finalidad de corregir la interpretación y aplicación del derecho que se ha llevado a cabo a través de resoluciones judiciales que son firmes», dicen en un su último auto, de la semana pasada, los jueces del TSXG, que rechazaron la vía abierta por el consistorio. «Ya se indica en el auto del 9 de junio del 2016 que por el Tribunal Supremo ya se ordena que la ejecución de la sentencia se realice de una forma muy concreta, lo que es incompatible con la declaración de que es inejecutable interesada», insisten los jueces del Superior gallego.

Así, concluyen que no puede considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y rechazan las pretensiones municipales.

Estas pasaban por el derribo de parte de las torres y partes altas del inmueble. Ferreiro indicó ayer que todavía no se ha cuantificado cuánto podría costar la demolición total del edificio de Fernando Macías, cantidad a la que habría que sumar la indemnización a unos propietarios que adquirieron sus viviendas con una licencia municipal en vigor.

«Hai que deixar de facer o paripé e cumprir a sentenza mirando polo interese dos veciños, e facer que os responsables deste desfeita asuman o custe do que se fixo mal», decía Ferreiro en el 2015.

El regidor se aferra ahora al voto particular de uno de los magistrados del TSXG para evitar el cumplimiento de ese fallo. El juez, Julio César Díaz Casales, considera que el incidente sí debió ser estimado y que había que entrar en el fondo de las razones dadas por el consistorio y «decidirse si el acuerdo de la junta de gobierno del 23 de octubre del 2015 entrañaba o no un supuesto de imposibilidad legal de la sentencia dictada en el presente recurso».

El regidor aguarda que el Constitucional siga por la línea marcada por ese magistrado. Si no es así, el Ayuntamiento de A Coruña se enfrenta a una operación millonaria derivada de la anulación de la licencia dada a Fadesa en 1997 por el gobierno local de Francisco Vázquez para erigir el inmueble que los jueces consideraron ilegal ya desde el año 2001.

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