Tres años y un mes de sobresaltos

El gobierno local enfrentó su minoría sin pactos mientras se enquistaban problemas como los okupas o los pisos

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A Coruña / La voz

El mandato municipal que arrancó en verano del 2015 ha estado marcado por las dificultades para llegar a acuerdos en el pleno y los fuertes enfrentamientos en la corporación, los roces entre la Marea y el PSOE, los del gobierno local con otras Administraciones, y la creciente distancia entre el ejecutivo de Xulio Ferreiro y los movimientos sociales que lo respaldaron en el 2015.

La Minoría absoluta

El PSOE fue imprescindible para la investidura de Xulio Ferreiro. Pero la relación de los socialistas, aquejados de sus propias crisis internas, y la Marea ha sido tormentosa. Los de Ferreiro rechazaron desde el principio formar un gobierno con el PSOE, y en noviembre del 2016 les rechazaron con cajas destempladas. El choque llegó a su cénit a principios del 2017, cuando en febrero el pleno quitó la confianza al alcalde con los votos de PP y PSOE. El enfrentamiento no pasó de ahí, y no hubo moción de censura. El escenario no se repitió, y los socialistas permitieron la aprobación de los presupuestos del 2018 casi sin condiciones.

Pero en los dos ejercicios anteriores, marcados por fuertes discusiones con toda la oposición, fue imposible llegar a un acuerdo, y el gobierno local aprobó las cuentas con casi medio año de retraso, lo que provocó una fuerte bajada de la inversión municipal.

En un ambiente de guerra declarada con el PP, las continuas peleas con el PSOE -con el que comparte gran parte de su electorado- han dejado a la Marea en «minoría absoluta» durante numerosos plenos, dificultando su propia gestión e impidiendo que se alcanzasen acuerdos de importancia en asuntos estratégicos como el área metropolitana, en la que el PSOE logró que se centrase en cuestiones de movilidad, en lugar de crear una nueva institución política.

El frente interno

El desalojo de la Comandancia de Obras, okupado por el colectivo A Insumisa terminó con cargas de la Policía Local y Nacional, y agentes y manifestante heridos, pese a la promesa del gobierno local de que se resolvería mediante el «diálogo». Ese hecho rompió la relación entre la Marea y el movimiento okupa, en el que participaron al menos cuatro de sus ediles antes del 2015.

Parte del movimiento okupa criticó que esa decisión se tomó con el fin de buscar votos en otros caladeros, pero la actuación del gobierno local también fue recibida con críticas unánimes de la oposición y de los sindicatos policiales, ya que el equipo de Ferreiro intentó atribuir la responsabilidad de los incidentes a la Policía Nacional y sus mandos. Al mismo tiempo, la Policía Local criticó los anuncios del gobierno de que no se iba a denunciar a los manifestantes implicados en los incidentes, en los que resultaron heridos varios agentes, y continuó con las diligencias que se han saldado con la detención e imputación de varios de los supuestos implicados

Pero el desalojo no ha sido el único punto de tensión con antiguos apoyos. Proxecto Cárcere también ha criticado al ejecutivo local por su incapacidad para tramitar la apertura del edificio en los plazos marcados y de acuerdo al proyecto previsto. La Comisión Aberta en Defensa do Común se ha rebelado por la falta de decisión del gobierno local para evitar la subasta de dos parcelas en la Maestranza. Stop Desahucios ha emitido varios comunicados en los que critica la falta de compromiso del gobierno local para prevenir los desahucios.

Actuaciones forzadas

Los daños en la cubierta de Riazor, ocurridos después de un temporal y de que el gobierno local aceptase la petición de la empresa de suspender el contrato firmado en el anterior mandato pese a los informes que lo avalaban, obligó a suspender un partido oficial en el estadio por primera vez en décadas. El gobierno local reaccionó encargando una millonaria reforma de la techumbre por 7,16 millones. El proyecto, el más caro del mandato, contrasta con el compromiso de no hacer «obras faraónicas».

Otra actuación destacada ha sido la peatonalización de la Ciudad Vieja, activada este verano con tres años de retraso y ante el creciente descontento de los vecinos del casco histórico, que en el último año, y ante el deterioro creciente de sus espacios públicos, venían reclamando una intervención del Ayuntamiento. El gobierno local se ha comprometido a reforzar la inversión en la zona en lo que queda de mandato con un plan exclusivo para ella.

Oleadas de sanciones

La ORA y la Marina. A principios del 2016, tras el cambio de contrato de la ORA, se impusieron cerca de 12.000 multas en cinco meses. Muchos infractores recibieron más de una decena de sanciones juntas. Algo similar ocurrió tras la instalación de cámaras de vigilancia en la Marina. Con esos aparatos se impusieron más de 36.000 multas solo de abril a diciembre del 2017, a las que se sumaron 66.000 de la ORA. En total, el año pasado se pusieron 136.246 sanciones, más que automóviles matriculados, una cifra sin precedentes.

Supuesto amiguismo

Pisos y contratos. El gobierno local ha afrontado varias polémicas por supuestos favoritismos en algunas gestiones. El PP ha llevado al Contencioso la adjudicación del uso de la antigua prisión provincial a Proxecto Cárcere, una entidad que fundaron y de la que formaron parte concejales y firmantes del manifiesto del partido. El gobierno local adjudicó a firmantes del manifiesto de la Marea al menos 330.000 euros en contratos menores, lo que reforzó las críticas de la oposición. Finalmente, el ejecutivo local compró, tras un concurso público, dos pisos a un firmante de la Marea que en el 2015 empezó a trabajar como consultor para el gobierno de Ada Colau en Barcelona. El alcalde y el edil de Urbanismo acusaron a la oposición y la prensa de montar una campaña de difamación, pero al final el gobierno admitió que hubo irregularidades e inició el trámite para anular una de las dos compras, que supusieron un gasto de 145.865 euros. La oposición exige que se anulen las dos.

El frente institucional

Puerto, Xunta y Fomento. Los choques con las Administraciones gobernadas por el PP han retrasado proyectos como la ampliación de Alfonso Molina o la estación intermodal, que podría quedarse sin ocho millones de fondos europeos. El gobierno local se ha opuesto a los intentos del Puerto de subastar parte de los muelles y La Solana, un plan que provocó manifestaciones en contra, pero no ha presentado un proyecto de futuro para esa zona. Ahora el alcalde cuenta con que el relevo en el Gobierno central facilite un acuerdo con Fomento.

Los roces con la Xunta también han tenido consecuencias, además de la intermodal algunos proyectos se han parado de forma indefinida, como el centro de salud de Santa Lucía, y otros se han retrasado de forma notable, como la construcción por la Xunta de 40 viviendas sociales en el parque Ofimático o la entrada del transporte interurbano hasta el centro de la ciudad, que finalmente aplicó el Gobierno gallego.

La Marea dice que cumplió el 65 % del programa y la oposición les reprocha inacción

La opinión de los partidos sobre el grado de cumplimento del programa es previsible: el gobierno local asegura que es muy alto y la oposición todo lo contrario.

Marea Atlántica. El partido de Xulio Ferreiro defiende que el programa es un «compromiso coa veciñanza». El alcalde evalúa su cumplimiento en «un 65 %», con un «25 % máis» cumplido en parte o camino de hacerse realidad. El regidor añadió al haber de su ejecutivo otras infraestructuras que habrían hecho sin estar comprometidas, como las áreas infantiles de las plazas de Recife o la Tolerancia, el carril bici metropolitano -proyectado en el anterior mandato- o los tramos de la Palloza o Salgado Torres.

PP. Rosa Gallego es muy crítica con el cumplimiento del programa. Denuncia que la mayoría de las propuestas como la reducción del coste del gobierno o la transparencia no se han ejecutado. Señala que ni siquiera han cumplido otras como los presupuestos participativos, ya que, aunque se han puesto en marcha, el gobierno local no ejecuta las obras aprobadas en ellos. Destaca la falta de diálogo del ejecutivo y su «grave problema de amiguismo» por el caso de los pisos o la gestión de la antigua cárcel.

PSOE. Esperaban una gestión «mucho más eficiente» de la Marea. El partido que lidera en el pleno José Manuel García señala que no han mejorado «ni un ápice» la movilidad, sin poner en marcha el consorcio metropolitano. Señala que no se han abordado los problemas de vivienda, que se ha privatizado el albergue para atender a los sin techo, que no se ha recurrido ni a la banca ética ni se han municipalizado servicios. Denuncian que se han empantanado todos los proyectos estratégicos, como Lavedra o la intermodal, por falta de planificación y «orgullos partidistas mal entendidos»; mientras se buscaban culpables «lo más lejos posible de la Marea».

BNG. El Bloque evalúa «moi negativamente» el cumplimiento del programa, que estiman en un «30 %», a causa de la «falta de proxecto e valentía» del gobierno. Señalan que se han roto compromisos clave como los topes salariales, la transparencia, las mejoras en la movilidad, el cambio en política de seguridad ciudadana «como se viu na actuación policial na Insumisa», ni la ordenanza de mercados, o la revisión del PGOM, entre otros.

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