Estudiantes de selectividad exigen que se ponderen sus necesidades especiales
16 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Estudiantes disléxicos, hiperactivos o con trastorno por déficit de atención que esta semana se examinaron de selectividad separados del resto de sus compañeros en un aula específica del campus y tuvieron que sumar a los nervios enormes dificultades para comprender los textos que tenían delante, han alzado la voz para exigir a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) que cumpla las recomendaciones del Valedor do Pobo y los correctores tengan en cuenta sus diagnósticos a fin de garantizar un trato igualitario y no discriminatorio.
«Yo tuve que leer el texto siete veces y aún así no me enteré del todo», explica J., una joven con problemas de comprensión lectora a causa de su dislexia que sin embargo resuelve los ejercicios con normalidad, cuando no con brillantez, si le leen las preguntas. Podían haberlo hecho. «No caso de que se considere oportuno e á vista da adaptación, [un examinador] poderá lerlle as preguntas, asegurando que escoitou e comprendeu o que se lle pide», respondió de hecho la CIUG a la oficina de la valedora el año pasado, a raíz de las quejas presentadas en la institución por padres de estudiantes examinados en el 2017.
Leer las preguntas, ampliar el tiempo de examen, facilitar lupas, formularios o cualquier otro material con la letra y las imágenes ampliadas, permitir al estudiante ubicarse en un lugar determinado o moverse durante la prueba y, en general, «poñer á súa disposición os medios materiais e humanos, asistencias, apoios e axudas técnicas que precise» son derechos recogidos sobre el papel que, sin embargo, denuncian las familias, en la práctica no resultan sencillos de ejercer. «Tienen 17 o 18 años, son críos con problemas que les exigen un esfuerzo inmenso, arrastran mucha inseguridad, se juegan mucho... ¿cómo puede plantear la CIUG que son ellos los que tienen que pedir esas medidas en el examen? Son los profesores los que deben ofrecérselas y asegurarse de que tienen todo lo que necesitan», remarca Ana, abogada y madre de una muchacha que esta semana presentó dos quejas ante la comisión y el Valedor y está dispuesta a ir al juzgado para defender lo que considera justo. «No quiero que aprueben a mi hija, quiero que cumplan», apunta.
También la madre de R. reclamará. Este chaval, que tiene TDAH y quiere estudiar Administración y Dirección de Empresas, llama la atención sobre la demanda central de la familias y el asunto de mayor calado que enfrenta al Valedor y la CIUG: la inclusión en el examen del diagnóstico del alumno para que el corrector lo tenga en cuenta. «Determinadas necesidades educativas especiais deben ser coñecidas e ponderadas na fase de avaliación», exhorta la valedora, para garantizar «a igualdade de oportunidades no acceso á universidade».
La valedora dice que sí
«Si no sabe lo que tengo, ¿qué va a pensar quien corrija mi examen cuando vea las faltas», se preguntaba ayer R. A modo de aclaración, Ana explica que «hay consenso sobre que a una persona con dislexia no se le pueden computar las faltas, porque es ridículo», y confía en que la CIUG rectifique, «está a tiempo», y atienda a la valedora cuando dice que «deberían darse instrucións concretas sobre a valoración das faltas de ortografía en alumnado con dislexias, disgrafías e outros trastornos que afectan á linguaxe oral ou escrita. Parece discriminatorio que as probas deste alumnado sexan corrixidas sen ter en conta a súa situación».
CIUG y Valedor discrepan sobre si evaluar a sabiendas del trastorno
La CIUG asegura que los 17 estudiantes examinados en A Coruña contaron con todos los medios de adaptación que necesitaron y que les ofrecieron, uno a uno, los profesores a cargo de la prueba. «Se ampliaron exámenes, se planteó graduar las preguntas a una alumna y se les atendió en los descansos», señalan desde la comisión responsable de la selectividad. Sin embargo, la anotación en el examen del diagnóstico de cada alumno para que lo conozca el corrector no se contempla, a pesar del informe del Valedor y de que el propio vicepresidente de la CIUG, Pedro Armas, lo aprobó en una entrevista reciente. Argumentan que «se vulnerarían criterios generales que impiden cualquier tipo de dato personal en los exámenes para garantizar la igualdad».