El interventor se opone a la subida salarial pactada de la Policía Local

«Non se pode restablecer o que non se minorou», dice un informe que contradice el de la asesoría jurídica


A Coruña / La Voz

La particular lucha de la Policía Local parece próxima a su final. Hay acuerdo para que se aplique una reclasificación de categorías firmada hace casi un decenio, lo que supondrá un incremento salarial para la plantilla. El acuerdo lo hay entre el gobierno local y el cuerpo, pero ese ajuste que previsiblemente se aprobará hoy cuenta con la opinión contraria del interventor municipal. 

¿Qué es lo que pide la Policía Local?

La Policía Local de A Coruña reclama lo que le corresponde. En el año 2009 se firmó un acuerdo de reclasificación para actualizar las categorías. En su aplicación, en el primer año, el aumento retributivo que supondría pasar a una categoría superior se compensaría rebajando la misma cantidad del complemento de destino, que en sucesivos ejercicios se iría recuperando. Aquel acuerdo, perfectamente legal, se firmó y se empezó a aplicar. 

¿Por qué se dio marcha atrás?

Cuando el proceso arrancaba llegó una de las medidas anticrisis del Gobierno, aquella por la cual los funcionarios sufrieron un recorte en sus nóminas ante la debilidad de los ingresos estatales, por lo que la subida no se pudo culminar. 

¿Por qué se manifiestan los agentes?

Porque a las rebajas en las nómina puso fin el propio Gobierno en el año 2017 con otra ley que permitía restablecer las retribuciones a los funcionarios que sufrieron pérdidas económicas siempre que las Administraciones tuvieran liquidez. 

¿Por qué no se aplicó?

Porque en su interpretación de la ley tanto el Estado como la FEMP como la intervención municipal consideran que es inviable, pues no recuperarían dinero perdido, sino derecho a un incremento. 

¿Qué opina el gobierno local?

El gobierno local tuvo voluntad de solucionar el asunto y encargó a su asesora jurídica, Marta García, un informe. La asesora es un cargo designado por el propio gobierno local y en su informe interpreta que la reclasificación es legal y viable y se atiene a la legislación. 

¿Qué dicen los funcionarios?

El interventor, un funcionario habilitado nacional, no nombrado por ningún partido, discrepa de la interpretación de García y en su informe anuncia su opinión contraria y desfavorable a la actualización, que supondrá para las arcas públicas 285.000 euros más. «Non se pode restablecer o que non se minorou», dice en su informe. 

¿Qué ocurrirá?

El gobierno local aclaró ayer que hoy aprobará en junta de gobierno local la reclasificación de los agentes, pese al informe en contra del interventor. No se sabe qué consecuencias puede tener ese reparo en caso de que se presenten alegaciones al acuerdo salarial.

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