Los problemas se acumulan en Urbanismo

El edil Xiao Varela afronta la mayor parte de los asuntos de calado y algunos contratiempos


a Coruña / La Voz

Los problemas crecen en la macroconcejalía de Xiao Varela, que tiene a su cargo todas las competencias de Urbanismo e Infraestructuras, de las que dependen cinco servicios municipales y ocho departamentos, además de supervisar el trabajo del área de movilidad, con un servicio y un departamento, desde abril del 2017. Varela es el único concejal, junto con el alcalde, que tiene más de un director de área bajo sus órdenes. Se le considera el «hombre fuerte» del gobierno, pero esa posición ha traído consigo una montaña de problemas, asuntos pendientes y contratiempos, en los que también tienen responsabilidades otros componentes del gobierno.

De manera general, el edil ha sido criticado por la baja ejecución de las inversiones en obras, el parón en la concesión de ayudas a la rehabilitación en el casco histórico y los problemas en la concesión de licencias, que el gobierno local considera resueltos aunque las quejas persisten. 

Roces con los vecinos

Obras polémicas o paradas. La reforma de la calle de la Torre fue criticada por empezar antes de tiempo y la eliminación del aparcamiento no convence a todos. Formaba parte de un proyecto de reforma más ambicioso, el Camiño do Vixía, al que los residentes se enfrentaron para que se mantuviesen más plazas de estacionamiento en otras vías. 

Otro tanto ocurre con la peatonalización de la Ciudad Vieja. Se presentó como «consensuada» con los vecinos, pero hubo protestas y ahora está previsto habilitar más aparcamientos. Además, se ha prometido un plan para revitalizar el barrio ante las quejas por el aislamiento y el mal estado general de sus calles.

El intento de peatonalizar parte de Ramón Cabanillas fue rechazado por los vecinos. También se renunció a la construcción de una pérgola en Los Rosales, para la que se llegaron a hacer las catas, ante la oposición vecinal. Las obras de mejora de las aceras en Palavea fueron paralizadas por los ciudadanos, y la semana pasada el gobierno local accedió a casi todas sus demandas. Algo similar ocurrió en la reforma de la calle San Vicente, donde hubo concentraciones para exigir cambios en el proyecto inicial.

La transformación de la mediana de Primo de Rivera, en la que se cambió la isleta vegetal por bloques de autopista, ha causado innumerables quejas por su falta de estética. La obra del carril bici metropolitano sufre críticas antes de empezar. El proyecto se varió para salvar los árboles del muro del Puerto, aunque según el alcalde estaban enfermos, y ahora está previsto eliminar numerosas plazas de aparcamiento.

Unas 200 familias de cooperativistas del Ofimático esperan a que terminen las obras de urbanización para poder entrar en sus viviendas. Los trabajos debían haber quedado listos en el primer trimestre del 2017. El último plazo dado por el Ayuntamiento es el próximo 31 de julio. El futuro del polígono y la resolución de lo problemas de los vecinos desalojados siguen en el aire. 

Con Administraciones

Del Puerto a Fomento. Varela protagonizó los principales enfrentamientos con la Autoridad Portuaria por la obra de la Marina y de sus túneles. En el 2015 se comprometió a reformar la superficie de la Marina para dotarla de más zonas de sombra y humanizarla. No se ha hecho. Pero el enfrentamiento con el Puerto se mantiene y ha llevado al Ayuntamiento al juzgado para reclamarle su parte de las obras.

Varela también ha sido uno de los puntales del gobierno local en su choque con la Xunta, Fomento y Puertos sobre el futuro de los muelles interiores, La Solana y el Finisterre, sin que por el momento el gobierno local haya concretado su proyecto para esos espacios y los de San Diego.

El edil fue el impulsor de los cambios en el proyecto de Alfonso Molina para humanizar la avenida. La obra, prevista para el 2015, todavía no ha empezado. Otro tanto ocurre con el centro de salud de Santa Lucía, que sigue pendiente, sin que la Xunta tenga parcela para edificarlo. En situación similar se encuentra la estación intermodal, en la que el Ayuntamiento también solicitó varias veces cambios en el proyecto a la Xunta. Será la última de las grandes ciudades gallegas, incluyendo Vigo y Santiago, en la que empezará la construcción.

Los planes para despejar el poblado chabolista de la conservera causaron un enfrentamiento con Arteixo, que acusó a María Pita de trasladar allí a residentes en ese asentamiento, sin avisar.

En la rehabilitación de la Comandancia, el anterior jefe de prensa del gobierno local ha explicado que, a iniciativa de Varela, se informó de forma errónea a la prensa de que cuando entraron los okupas la custodia de los edificios dependía de Defensa, cuando en realidad era de María Pita. 

Obras pendientes

A la espera. Siguen a la espera de reforma el mercado de Monte Alto, cuyo inicio estaba comprometido para octubre del 2017; la nueva piscina del Castrillón, que se ha retrasado varias veces y ahora está prevista para este año; el antiguo Remanso y el mercado de Santa Lucía, que están en la misma situación que la citada piscina.

El gobierno casi ha descartado que el traslado de sus propios servicios municipales de Urbanismo a las dependencias de la Fábrica de Tabacos pueda completarse en este mandato. La reforma de la cubierta del estadio acaba de empezar, con años de retraso, después de que se anulase el contrato anterior a petición de la firma adjudicataria. 

Polémicas legales

Nombramientos y pisos. Proxecto Cárcere sigue a la espera de poder entrar en la vieja prisión, ya que las obras fueron presupuestadas por debajo de lo previsto y el PP ha recurrido la adjudicación al Contencioso.

Los juzgados, tanto los del Contencioso como el TSXG, han anulado el nombramiento de tres de los cinco jefes de servicio a las órdenes de Varela, aunque el gobierno local ha hecho cambios en el organigrama para intentar mantenerlos en sus puestos.

Aunque está sin judicializar, la oposición ha obligado a llevar al Consello Consultivo la compra de dos inmuebles a un firmante de la Marea Atlántica por 146.000 euros. El gobierno local negó cualquier problema en la convocatoria, pero terminó por admitir posibles deficiencias.

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