El pago irregular de la recogida de basura en A Coruña abre otra crisis a la Marea

El Ayuntamiento de A Coruña paga de forma irregular la recogida de basura desde enero del 2017, cuando finalizó el contrato que lo regulaba. El servicio cuesta 848.236 euros al mes. Esa cantidad lo sitúa como el más costoso para las arcas municipales, igualado con la limpieza viaria.

En las últimas décadas no hay precedentes en el Ayuntamiento de que un servicio de semejante coste se preste sin contrato durante un período tan largo.

Además, aunque pagó 93.000 euros a una empresa privada para que redactase los pliegos, el gobierno local todavía no ha licitado de nuevo el servicio, por lo que esa situación excepcional podría prolongarse durante meses.

Sin contrato vigente, la Intervención informó en contra y suspendió el pago de todas las facturas presentadas por Cespa, una empresa filial del grupo Ferrovial. Esos reparos técnicos fueron levantados por Xulio Ferreiro, ya que el alcalde tiene esa potestad.

Por motivos de normativa presupuestaria, el regidor no pudo hacer lo mismo con la factura de diciembre, que solo podrá pagarse si el pleno lo autoriza el lunes.

Pero el trámite continúa siendo irregular, y de hecho la Intervención municipal ha suspendido el pago de esa factura. Ese veto puede ser levantado por el pleno de la corporación, pero los concejales que den su visto bueno corren el riesgo de incurrir en responsabilidades, según informó ayer de manera verbal la Secretaría del Ayuntamiento, durante la Comisión de Facenda en la que se debatió ese asunto.

La oposición se planta

La oposición lleva meses reclamando al gobierno local que regularice la situación de la recogida de basura. El ejecutivo de la Marea ha hecho caso omiso, y nada hace pensar que los demás partidos vayan a arriesgarse para regularizar un pago que solo les ha llegado por ese motivo.

El portavoz del PSOE, José Manuel García, planteó un voto particular en la citada comisión de Facenda y advirtió que su grupo no respaldaría ese trámite si no cuenta con garantías legales. La portavoz del PP, Rosa Gallego, recordó que desde enero del 2017 su partido ha reclamado a la Marea la licitación del contrato para evitar los pagos irregulares.

Si el pleno rechaza la factura, el gobierno local no podrá pagar los 848.236 euros a Cespa, lo que podría desencadenar un conflicto con una empresa clave para el Ayuntamiento y de la que dependen cientos de empleos, ya que además de la recogida de basuras gestiona la limpieza viaria, cuyo contrato acaba en junio, por lo que también será necesario pagarlo de manera irregular.

1,3 millones irregulares

La factura de la recogida de basuras forma parte de un paquete de pagos irregulares que suma 1,3 millones de euros. Como en ese caso, muchos de ellos derivan de servicios que se prestan sin contrato desde hace meses. Es el caso del mantenimiento de contenedores subterráneos o la reposición de papeleras y contenedores de superficie, que están en situación irregular desde julio del 2017, del servicio de vigilancia del Kiosco Alfonso y la Casa de Cultura desde agosto del mismo año, del contrato de desratización desde abril, del arrendamiento de sistemas de impresión desde mayo, o del mantenimiento del elevador de San Pedro desde marzo del 2015.

Todas las facturas de esos servicios desde los meses citados recibieron informes contrarios de la Intervención municipal.

Un pago sin firmar

El interventor destaca además el pago de 4.356 euros por la grabación de un evento llamado Corrente del Golfo. Según su informe, en el expediente figuraba como «patrocinio dun documental» y «non estaba clara» la contraprestación que recibió el Ayuntamiento por el pago ni «en ningún momento acreditábase que forma promovido ou organizado polo Concello». Según el informe, el alcalde no firmó el documento que hubiese permitido su pago y se desconocen los motivos por los que se ha llevado la autorización al pleno. 

El Ayuntamiento solo podrá volver a invertir 18,3 de los 61 millones que no gastó en el 2017

La concejala de Facenda, María Eugenia Vieito, anunció ayer que el Ayuntamiento cerró el 2017 con un superávit de 18,3 millones de euros, una cantidad que podrá dedicar este año a «investimentos financeiramente sostibles». El superávit es consecuencia de que el gobierno local dejó sin gastar 61 millones de euros el año pasado. Entre ellos 33,3 millones que estaban destinados a inversiones, casi el doble de lo que será posible recuperar ahora.

La normativa estatal obliga a utilizar parte del dinero no utilizado para amortizar préstamos. Por ese motivo, el 2017 se cerró con una deuda viva de 63,8 millones de euros, la más reducida registrada en la última década.

Vieito también señaló que, en total, el gobierno local logró ejecutar el 78,84 % del presupuesto del 2017. Sin embargo, la mayor parte de ese porcentaje es consecuencia del gasto corriente y de los salarios de la plantilla, ya que del capítulo de inversiones solo se gastó el 24,4 %. En términos absolutos, el Ayuntamiento dedicó a inversiones 71,7 euros por vecino de la ciudad, mientras que en el 2014 esa cifra ascendió a 150 euros por vecino.

Tanto el PSOE como el PP han criticado esas cifras, y han advertido que este año se continúa por el mismo camino ya que a mediados de abril solo se había ejecutado el 1,1 % de las inversiones.

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