El Ayuntamiento se suma a la búsqueda de consensos para el puerto, pero con condiciones

La Xunta, con el 51 % de la sociedad, no deja margen de decisión a las Administraciones que accedan al ente


A Coruña / La Voz

En el foro Tecendo Litoral lo que más se escuchó en las ponencias fue que nada se conseguirá si no se alcanzan consensos políticos que permitan trazar un plan para el puerto. El gobierno local se volverá a dirigir tanto a Fomento como a la Xunta en busca de ese acuerdo -Xunta y Fomento llegaron a uno el mes pasado- pero teniendo como referencia el documento que el propio Ayuntamiento les hizo llegar el pasado octubre. 

Propuesta municipal

Sin viviendas en San Diego. En su propuesta de octubre, que se mantiene vigente, el gobierno local proponía la constitución de un consorcio presidido por el Ayuntamiento. Todo «bajo el principio general del mantenimiento de la titularidad pública de los terrenos», especificando que en San Diego «se excluirán los usos residenciales en favor del impulso a los usos productivos y terciarios». Exigía, además, «la cesión gratuita o una fórmula alternativa» al consistorio de La Solana y el Finisterre. 

La deuda

Sin menciones. El puerto exterior se construyó con dos fines: eliminar los tráficos peligrosos y molestos de la ría y permitir que los muelles liberados se convirtieran en una parte de la ciudad que, sobre todo en San Diego, estaría marcada por el uso residencial. Para poder construir ese puerto se llegó a un acuerdo firmado entre tres Administraciones -Fomento, Xunta y Ayuntamiento- para establecer su financiación: un tercio de ayudas europeas, un tercio del Estado y un tercio con la venta de suelo liberado en los muelles interiores, es decir, 250 millones cada parte. Esa financiación fue uno de los motivos de firma de los convenios del 2004, pero el gobierno local no abordó ahora ese asunto en su propuesta de convenio a las partes. 

Acuerdo de la Xunta

Un pacto parcial. El intento municipal de quedarse con el suelo y obviar la deuda no tuvo recorrido. Fomento no quiso saber nada. La Xunta tampoco logró hacerse con suelo portuario gratis, el acuerdo al que llegó con Fomento implica un pago, en su caso de 20 millones de euros, para poder controlar el futuro de Batería y Calvo Sotelo y una pequeña parte de San Diego. El acuerdo afecta a un 20 % de la superficie a liberar y ofrece garantías de que los muelles más céntricos seguirán siendo públicos. Los usos que figuran para esa zona en el plan general ya no se llevarán a cabo según avanzó la Xunta, que es propietaria mayoritaria de esos dos muelles.  

Quién manda

A la búsqueda de liderazgo. El gobierno local reprocha a la Xunta que haya negociado por su cuenta sin contar con el consistorio, un actor que debería estar presente, dicen, en un tema central para el futuro de la ciudad. Todos quieren un consorcio, pero el problema es clásico: ¿Quién manda si se divide la sociedad en partes? La Xunta se ha hecho con un 51 %; es decir, que entre quien entre es ella la que tendría capacidad de decisión. En Bilbao, por ejemplo, se repartió así su consorcio: un 25 % para el Estado; un 10 % para la Autoridad Portuaria; un 15 % para Gobierno vasco, Diputación de Vizcaya y Ayuntamiento, respectivamente; y un 5 % para el Ayuntamiento de Baracaldo. A Coruña está muy lejos ahora mismo de esa disponibilidad de las Administraciones a perder el control de una posible inversión: si la Xunta se ha hecho con un 51 % y ofrece a los demás el 49 % restante, el Ayuntamiento, antes de sentarse a negociar, ya se ha pedido la presidencia. 

Pagar o no pagar

El caso de Valencia. En el foro se echó de menos más modelos portuarios de desarrollo españoles y extranjeros, pero hubo un caso ilustrativo en lo que a carga financiera se refiere, Valencia. Allí, por motivos distintos, el puerto debía 450 millones. Quienes se encargan de la gestión en la actualidad también optan por un modelo público, pero también dan por hecho que al menos una parte tendrán que pagar, aun aspirando a una quita. El gobierno local solo habló una vez de comprar La Solana, pero hace más de un año que no demanda cesiones sin coste.

Carlos Nárdiz: «Veo un intento del consistorio de modificar su posición»

E. E.

El experto en ordenación del territorio, ingeniero y profesor de la UDC percibe considera que el foro Tecendo Litoral «ha sido un intento de diversificar posiciones enquistadas entre las partes»

Experto en ordenación del territorio, ingeniero y profesor de la UDC, Carlos Nárdiz participó en el foro Tecendo Litoral con una ponencia. «Veo un intento del Ayuntamiento de modificar su posición inicial a través de este foro», explicó ayer Nárdiz, quien percibe ahora «cierta predisposición a llegar a un acuerdo».

 En su opinión, aunque faltaron ejemplos y algunos no habrían sido bien elegidos, el foro «ha sido un intento de diversificar posiciones enquistadas entre las partes.

Los cambios previstos en el puerto se limitan a medio plazo a San Diego, Batería y Calvo Sotelo, siendo estos dos últimos los primeros en quedar libres. Para Nárdiz hay que ser más ambicioso en los objetivos: «Si se quiere abrir Batería y Calvo Sotelo hay que retrasar la línea del puerto para darle una unidad a la actuación, la lonja no puede hipotecar el frente portuario. Con la actividad pesquera en Oza, no tendría que haberse hecho donde se hizo. Ahora hay una oportunidad para abrir la ciudad al mar, que además daría una salida viaria hacia la Avenida do Porto», dice. La apertura de esos muelles también permitiría mejorar la movilidad en la ciudad -Busquets ya lo había planteado- permitiendo prescindir del viaducto de Alfonso Molina y redistribuir el tráfico. «Para reformar los accesos a la ciudad y la movilidad se necesitan decisiones políticas valientes que no se están tomando», indica Nárdiz, que también reivindica usos futuro para la vía férrea a San Diego.

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