La compra de pisos a un afín a la Marea irá al Consello Consultivo
A CORUÑA CIUDAD
El PSOE apoya al PP para elevar el caso a esa entidad y exigirá responsabilidades
05 abr 2018 . Actualizado a las 12:59 h.La decisión del gobierno local de comprar dos inmuebles a un firmante del manifiesto de la Marea será revisada por el Consello Consultivo de Galicia. El PSOE apoyará la propuesta del PP de elevar a esa institución el expediente completo del concurso público que terminó con la adquisición de seis propiedades, entre ellas las dos del firmante. Así lo anunció el edil José Manuel Dapena, que tras revisar el expediente denuncia que ellos «y cualquier ciudadano» pueden concluir que los inmuebles no cumplen las bases de ese concurso.
Es la misma conclusión a la que han llegado tanto los populares como el BNG, que en reiteradas ocasiones denunciaron el incumplimiento de las bases. Dapena señaló que esas dudas están sobre la mesa desde principios de año, y criticó que el gobierno local, lejos de intentar aclararlas, ha intentado esquivar la cuestión.
Dapena recordó la «velocidad vertiginosa» con la que se celebró la compra de los inmuebles: «dos días». Una rapidez que contrasta con las «demoras» del gobierno local para abordar las dudas. En tres meses, señaló, el ejecutivo local no ha presentado un informe jurídico que aclare las «sombras» del expediente. Esa lentitud «contrasta con las afirmaciones de que no hay irregularidades o que son solventables».
También contrasta «con la bandera de transparencia» que «agita a diario» la Marea. Dapena Recordó que el alcalde no convocó el pleno solicitado por el PP para dar explicaciones sobre el asunto, «como era su obligación», incurriendo en «delación de funciones». Tuvo que ser el secretario municipal el que lo convocase de acuerdo al reglamento municipal, una norma que «la Marea ha vilipendiado por haber sido aprobada por el PSOE, pero que se ha demostrado como una garantía de los derechos de la corporación», señaló el socialista.
Además, Dapena indicó que los ediles de Rexeneración Urbana y Empleo, Xiao Varela y Alberto Lema, incurrieron en «discrepancias» con lo que dice el expediente cuando comparecieron en comisión para dar explicaciones.
Responsabilidades políticas
Las dudas sobre el proceso de compra, la «falta de transparencia» del gobierno local, su «demora» para aclarar lo ocurrido con un «alcalde ausente, que se pone de perfil, que no da explicaciones, y unos concejales que se presentan sordos, ciegos y mudos respecto a las supuestas irregularidades del expediente», señaló Dapena, son los motivos por los que su partido considera que el proceso de compra debe ser revisado por el Consello Consultivo, y a raíz de sus conclusiones se derivarán las posibles «responsabilidades jurídicas y políticas».
El concejal del PSOE subrayó que es preciso delimitar «dónde termina el error y dónde empieza la irregularidad». Criticó que «los concejales y el alcalde» han intentado centrar la responsabilidad en los funcionarios, pero ellos «informan y proponen», mientras que los concejales «toman decisiones y resuelven».
Por ello, aunque no quiso «adelantar acontecimientos, insistió en que exigirán responsabilidades a la vista del dictamen que apruebe el Consello Consultivo.
Un piso y una oficina
El Ayuntamiento pagó 145.865 euros por las dos propiedades de Toni Lodeiro, un firmante del manifiesto de la Marea Atlántica, al que el partido agradeció su colaboración en el 2014 y que desde el 2015 trabaja para el gobierno local de Ada Colau en Barcelona. En el 2016 participó en unas jornadas organizadas por la Marea de Pontevedra con diversos líderes de la nueva política, entre ellos el alcalde, Xulio Ferreiro, y ese mismo año colaboró en unas jornadas sobre consumo que organizaba la concejalía de Alberto Lema, el edil que rubricó la compra de las dos propiedades.
Una de ellas es un apartamento en una tercera planta de la calle Santander. Costó 91.290 euros y mide 49,55 metros cuadrados, según el Registro de la Propiedad, las actas notariales y el escrito de compra que firmó Lema. Las bases del concurso exigían una superficie mínima de 50 metros.
Lo mismo ocurre con la otra propiedad, un cuarto sin ascensor de la calle Joaquín Martín Martínez que mide 47,2 metros, según toda la documentación, y costó 54.575 euros. Además sus habitaciones medían 7,32 y 7,28 metros cuadrados, cuando las bases exigían que al menos una fuese de ocho metros. Finalmente, el ático está catalogado como «oficinas», cuando las bases se referían a la compra de «viviendas» y «edificios».
Será necesario hacer obras en el mismo, por un valor que todavía no se ha concretado y que quizá exijan eliminar uno de los dormitorios. Como ha criticado la oposición, las pagará el Ayuntamiento -al igual que los trámites necesarios- y no el vendedor afín a la Marea.