El 092 advierte al gobierno local que endurecerá las movilizaciones
A CORUÑA CIUDAD
Sus representantes dicen que la paciencia del colectivo está «al límite» y no aceptarán que la reclasificación se retrase más tiempo
31 mar 2018 . Actualizado a las 12:15 h.Los tres sindicatos (CSIF, UGT y CC.?OO.) que respaldan las movilizaciones de la Policía Local advirtieron al gobierno de la Marea que la paciencia del colectivo «está ya al límite», y que tendrán que «asumir» un «endurecimiento del conflicto» si se sigue retrasando o se bloquea la reclasificación de la plantilla pendiente desde el año 2012.
Los sindicatos señalaron que «bajo ningún concepto» van a aceptar que esa medida quede parada «por absurdos jurídicos», mientras se mantienen los actuales niveles de «responsabilidad y prestación del servicio, y mucho menos asumiendo la carga de trabajo por ausencia del CNP (Policía Nacional) en las calles».
También anunciaron al gobierno local que la semana que viene está prevista una asamblea, y que los acontecimientos «les están superando», en referencia a las mejoras salariales aprobadas por el Gobierno para la Guardia Civil y la Policía Nacional, y las ofertas de la Xunta al personal de Xustiza, que sigue en huelga.
Hasta ahora, los policías han hecho concentraciones periódicas en lugares visibles, como pasarelas peatonales o frente a María Pita. La creciente tensión del cuerpo de funcionarios se dejó notar en la protesta del pasado día 15, cuando tiraron petardos, hicieron sonar gaitas, dedicaron calificativos nada amables al concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y lanzaron una última pitada al gobierno local desde la escalera de honor del palacio municipal, lo que fue interpretado como una indicación del recrudecimiento del conflicto.
Mientras la tensión sube, el gobierno local no tiene fecha para aplicar la reclasificación, e incluso desconoce si podrá hacerlo.
Hasta renunciar a nuevas plazas
Según el comunicado posterior de los sindicatos, en la reunión -a la que acudieron las concejalas de Seguridade y Personal, Rocío Fraga y Eugenia Vieito, y personal de sus áreas- se les informó de que continúan los estudios jurídicos para ver si se puede aplicar el acuerdo parado en el 2012.
El gobierno local cuenta con que el conflicto de los empleados de Xustiza ayude a solventar parte de las dudas. En caso de que fuese así, aún debería aclararse si el Ayuntamiento puede efectuar la reclasificación aumentando la masa salarial del Ayuntamiento.
En caso de que no fuese posible, y suponiendo que las otras dudas jurídicas estuviesen resueltas, el gobierno local se habría ofrecido -según el comunicado- a negociar otros presupuestos con la finalidad de posibilitar la puesta en marcha de la reclasificación, incluso renunciando a nuevas plazas.
El interventor y Estrella Galicia
Es más, los policías recordaron al gobierno su decisión de aprobar una cláusula en el acuerdo para vender el campo de la Grela a Estrella Galicia en la que el Ayuntamiento se compromete a indemnizar a la cervecera si la venta se retrasa. Esa cláusula se incorporó a pesar del informe desfavorable del interventor, que advirtió que el gobierno local sería el único responsable si llegaba a activarse y en algún momento hay que pagar a la empresa.
Según el comunicado de los sindicatos, los representantes del gobierno local aseguraron que ese caso es «muy diferente» porque, si la intervención municipal interpusiese un reparo que suspendiese el pago de la indemnización, podrían resolverlo mediante una provisión de crédito.
El comunicado señala también que los responsables municipales pidieron «confianza y calma» a los policías, porque «se ha avanzado mucho» y se está haciendo «el mayor esfuerzo» para desbloquear el asunto lo antes posible.
La reclasificación, acordada en el 2009 tras una serie de movilizaciones contra el gobierno bipartito, quedó paralizada en el 2012 cuando el Gobierno central puso en marcha medidas para controlar el gasto público en medio de la crisis. El anterior gobierno local del PP mantuvo esa paralización a pesar de las protestas, de acuerdo a los informes que solicitó a la asesoría jurídica, el ministerio y la FEMP. El gobierno de la Marea abrió la puerta a aplicar la reclasificación si se lograba respaldo jurídico. Por ahora no ha ocurrido, aunque la situación podría cambiar si la próxima Ley de Presupuestos del Estado abre la mano con el gasto público. Aplicar el acuerdo costaría más de 600.000 euros a las arcas municipales.
Los okupas hablan en la Comandancia sobre resistencia frente a los desalojos
Si el Ayuntamiento utiliza la vía administrativa -como indicó el edil Xiao Varela- para recuperar la parcela de la Comandancia de Obras, okupada desde hace más de un año, el peso de un desalojo por la fuerza recaerá en la Policía Local. Mientras avanzan los trámites, los okupas se preparan para «resistir». Este fin de semana organizan unas Xornadas na defensa dos espazos liberados, a las que acudirán representantes de otros colectivos similares procedentes de Santiago, Madrid, Vitoria o Zaragoza, que se enfrentaron con resultado desigual a desalojos, o que continúan gestionando los espacios que okuparon «aforrándose a ineptitude das institucións», señalaron en referencia a Proxecto Cárcere, que sigue esperando a poder entrar en el inmueble.