La Marea de A Coruña aparcó la municipalización de la ORA que Santiago sí aprobó

El jueves, el pleno del Ayuntamiento de Santiago aprobó iniciar el proceso para que el gobierno local asuma la gestión directa de los servicios de la ORA y la grúa en la ciudad. El equipo de Martiño Noriega (Compostela Aberta), sacó la votación por la mínima, gracias al voto de calidad de regidor y al respaldo del BNG, mientras los populares y los socialistas mostraban importantes dudas jurídicas sobre el proceso. Fue una minoría exigua, pero suficiente para que el pleno levantase el reparo de legalidad que pesaba sobre el procedimiento. La gestión de la grúa y la ORA en Santiago pasará así a Tussa, la firma municipal responsable del transporte público en la ciudad.

El gobierno local de Compostela da así el paso que no se atrevió a dar su gobierno hermano de la Marea Atlántica en A Coruña, cuando en el 2015 renunció a la remunicipalización de la ORA, por la posibilidad de que el Ayuntamiento se enfrentase a un procedimiento judicial a instancia de la empresa que había ganado el concurso de adjudicación.

Esa decisión supuso la renuncia por primera vez a uno de los principales compromisos electorales de la Marea: la devolución de servicios públicos privatizados a la gestión pública. Pese a la importancia que se dio a las remunicipalizaciones en la campaña electoral del 2015, ninguno de los tres procesos iniciados por el gobierno local para aplicar esa medida han llegado a buen puerto. No se han devuelto a la gestión pública ni la ORA, ni el servicio de bibliotecas, ni el servicio de socorrismo en las playas.

En los dos últimos casos fueron claves los informes de los técnicos municipales, que advirtieron que el gobierno local podía estar dando pasos contrarios al interés público, tanto por motivos económicos -ya que podrían aumentar los costes de los servicios-, como de legalidad, ya que se podrían producir problemas con la integración del personal y con diversas normas estatales.

Aunque fuese infructuoso, el debate sobre las remunicipalizaciones tuvo consecuencias. En el caso de la ORA, la discusión obligó a prorrogar a la anterior empresa concesionaria, Doal, hasta octubre, meses en los que continuó cobrando fondos municipales a pesar de las sospechas que pesaban sobre ella por la operación Pokémon. Además, el retraso en la adjudicación definitiva a Setex-Aparki, la firma ganadora del concurso, provocó a su vez retrasos en la aplicación de las novedades que preveía el contrato, desde la sustitución de los parquímetros por otros más modernos hasta la anulación de las multas o el pago de los tiques mediante aplicaciones digitales.

El intento frustrado de municipalizar las bibliotecas tuvo aún más consecuencias. El gobierno local anunció esa decisión en junio del 2016, y aseguró que todo estaría listo antes de que terminase el año y que el Ayuntamiento se ahorraría más de medio millón de euros anuales.

No fue así, el año terminó sin municipalización y los técnicos advirtieron que si esa medida se llevaba a cabo el servicio podría salir incluso más caro. El Ayuntamiento, que había dejado caducar el contrato anterior sin convocar nuevo concurso, mantuvo el servicio en funcionamiento mediante el pago de facturas irregulares, que tuvieron que ser validadas por el pleno. En diciembre del año pasado, adjudicó el contrato a una empresa. La municipalización quedó en el aire a la espera de nuevos informes jurídicos sobre los que probablemente decidirá el próximo gobierno.

Los técnicos del Ayuntamiento argumentaron que las bibliotecas ya eran municipales

Cuando anunció la remunicipalización de las bibliotecas en junio del 2016, el gobierno local anunció que el procedimiento estaría listo en noviembre de ese año, cuando terminaba el contrato vigente con la empresa Eulen.

Pero la comisión encargada de pilotar el procedimiento no se formó hasta enero del 2017, cuando ya habían pasado dos meses de la fecha límite, y partió de un informe previo en el que se desinflaba el proceso: advertía que en vez de ahorrar los 532.100 euros que había anunciado el gobierno local, el Ayuntamiento podría tener que pagar hasta 41.700 euros más por el servicio.

El informe del secretario

El siguiente informe, emitido por el secretario municipal, todavía desinfló más la propuesta. Se trataba de un documento exhaustivo, de 132 páginas, en el que se analizaba la normativa, diversas sentencias judiciales, estudios de especialistas en administración pública, actas de otros ayuntamientos y otros informes.

Concluía que las bibliotecas ya eran un servicio «municipal e de xestión directa», y señalaba que más bien se estaba tramitando una «internalización», o sea que el Ayuntamiento asumiese las partes del servicio que hasta entonces desempeñaban firmas privadas. Pero ese trámite también podría ocasionar una situación irregular, advertía el informe, que el personal de la empresa se incorporase a la plantilla de funcionarios, lo que podría suponer que se introdujese en el procedimiento «o cabalo de Troia da discrecionalidade».

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