Esta semana los operarios también se reunieron con el grupo municipal del PP, que ha manifestado que respaldará sus exigencias frente al gobierno local.
Se da la circunstancia de que los servicios complementarios de deportes, a los que están vinculados los trabajadores afectados, se prestan sin contrato regulador desde septiembre del 2016. En aquel entonces finalizó el contrato sin que hasta la fecha el gobierno local haya logrado licitar licitado unos nuevos pliegos para sustituirlo. Esa circunstancia, señalan los empleados, aún dificulta más su situación, ya que limita la capacidad fiscalizadora del Ayuntamiento. Esa situación irregular se ha mantenido a pesar de que las arcas municipales desembolsan cerca de 120.000 euros mensuales por el servicio, en facturas que deben ser legalizadas después por el pleno.
