El Ayuntamiento le cobra el agua de un moroso a la dueña del piso alquilado

Servizos Sociais paralizó el corte a los inquilinos y Emalcsa pasó el recibo a la propietaria


A Coruña / la Voz

«Me parece muy bien que ayuden a la gente, pero yo ya pago mis impuestos para eso». Esto repetía ayer varias veces la dueña de un piso de la calle San Amaro que ha pagado la factura del agua consumida por los inquilinos morosos de dicha vivienda. La afectaba mostraba un escrito de Emalcsa, del 28 de noviembre del año pasado, en el que la empresa municipal decía que «a día de hoy existe una deuda por suministro de agua de 458,31 euros» y que «el corte de suministro a dicha vivienda no se realizó porque el pasado mes de junio se recibe desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña petición de paralización de corte». Sostiene la mujer que desde Servicios Sociales no le informaron de esta medida y detalla que el 14 de julio del 2016 firmó el contrato de alquiler por un año, aunque los inquilinos continuaron ocupando después el inmueble. «Desde marzo del 2017, dejaron de pagar la renta y además se suman las quejas de los vecinos ante su mal comportamiento, llegando incluso a intervenir la policía», detalla en el escrito presentado en el registro municipal el 7 de diciembre pasado. En él pide la «devolución por parte del Ayuntamiento de la deuda contraída con Emalcsa» que a su juicio vino «motivada por la paralización del corte de suministro de agua por parte de Servicios Sociales». Cree que si no se hubiese evitado el corte, los morosos se habrían marchado antes. 

Ni Emalcsa ni el Concello

«Esta veciña acumulou unha débeda de 458 euros en facturas atrasadas de Emalcsa nun domicilio da rúa San Amaro, que xa foi abonada», explicaron ayer desde la empresa municipal. «Dese importe, algo menos do 50 % corresponde ao servizo de auga e o resto aos demais conceptos incluídos na factura: taxa do lixo, taxa de depuración e canon de Augas de Galicia». También indicaron que «o contrato do subministro de auga estivo sempre a nome desta persoa, que non se atopa en situación de exclusión nin é usuaria dos servizos sociais, polo que nin Emalcsa nin o Concello poden actuar do xeito reservado para estes casos».

La afectada confirmó que no había cambiado la titularidad del recibo, pero insiste en que Servicios Sociales debió avisarla de la paralización del corte; detalla asimismo que el matrimonio que le alquiló el piso, tras llevarlos al juzgado, se marchó en noviembre del año pasado llevándose «un colchón con el somier y la caldera y, además, dejaron un montón de destrozos, entre ellos dos puertas».

Desde Emalcsa insistían ayer en que la empresa no puede legalmente «actuar nun conflito entre a propietaria da vivenda e os seus inquilinos».

El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, apuntaba la semana pasada la necesidad de revisar la ley de arrendamientos «porque desprotexe ao inquilino fronte ao arrendador».

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