Los propietarios reclaman beneficios fiscales o expropiaciones
15 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La decisión del Concello de Ribadeo de aplicar la Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, modificada el 28 de diciembre de 2017, a raíz de la oleada de fuegos de octubre, ha puesto en alerta a los propietarios forestales. «Este caso vai ser exemplo para outros», vaticina Ramón Reimunde, presidente de la federación de asociaciones de productores Promagal. La reforma obliga a gestionar la biomasa (desbrozar) en una franja de 50 metros en torno a suelo urbano, núcleo rural y urbanizable, viviendas aisladas, urbanizaciones, depósitos de basura, cámpings, gasolineras o parques e instalaciones industriales, donde no se podrán plantar pinos, eucaliptos o acacias.
«Pedimos algún tipo de compensación pola perda de produción, no caso das estradas, unha expropiación forzosa por ben público, e no das casas tamén algunha medida», explica Reimunde. «Con las pistas que tenemos en Galicia, son miles y miles de hectáreas las que no se podrían utilizar», apunta Amando Romero, responsable de la Cooperativa Forestal Ganadera Regional (Cofogar). Propone que la franja de 50 metros de protección de las viviendas, «la compre el propietario de la casa, a un precio muy bajo, para que el dueño deje de pagar la contribución». Diana Fernández, secretaria de los productores de As Somozas (Promaso), lamenta que «sempre paguen os pratos rotos os propietarios» y aboga por que se «conciencie á xente, porque prohibindo non se consegue nada». Teresa Rañal, presidenta de Promamoeche y secretaria de Promaferrol, incide en el menor impacto de los incendios en el norte de A Coruña y Lugo, «zonas de producción maderera, con montes más cuidados».