«Nadie elige cuándo necesita un ascensor, las ayudas deberían poder pedirse siempre»
A CORUÑA CIUDAD
Dos meses después de la fecha límite para adaptar los edificios a la ley de accesibilidad, los obstáculos para las comunidades persisten
10 feb 2018 . Actualizado a las 23:11 h.El día fijado era el 4 de diciembre del 2017. Todos los edificios debían estar adaptados a la norma autonómica de accesibilidad que obliga a las comunidades de propietarios a garantizar las condiciones que necesita una persona con movilidad reducida para entrar o salir de su casa. El imperativo podría parecer riguroso en exceso, incluso imposible de cumplir, si no encerrara la advertencia del «ajuste razonable» con que los legisladores pusieron límite a las obras. Doce mensualidades. Cuando el coste no supere la suma de 12 cuotas ordinarias de gastos comunes los trabajos de adaptación serán obligatorios. Y continúa el artículo 10: «No eliminará el carácter obligatorio el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido». Eso dice la teoría.
Economía y superficie
La realidad es otra y de alcance desconocido. Cientos de personas de edad avanzada o aquejadas de problemas de movilidad viven un encierro obligado porque carecen de ascensor y no pueden superar el trance de las escaleras por sus propios medios. Por falta de acuerdo entre los propietarios, las más de las veces, o incapacidad económica para afrontar la obra, la instalación de la máquina se va demorando y con frecuencia acaba forzando el abandono de sus propias casas de los vecinos más dependientes.
La resistencia suele venir del propietario del bajo, que no utiliza el ascensor y en ocasiones pierde parte de la superficie de su local para la obra civil. «El bajo también contribuye al pago del ascensor en función de su coeficiente, así que yo recomiendo como un buen acuerdo que la comunidad exima al propietario de participar en la derrama a cambio de que dé su consentimiento. Si se puede evitar ir al juzgado, mejor», opina un arquitecto. También Alberte Fernández Mariño, portavoz vecinal de Monte Alto, un barrio con numerosas intervenciones, coincide en que «sempre é mellor amañar e evitar o pleito, porque ao final as sentenzas fan prevalecer o beneficio común e o que inicialmente se opón acaba por ser o máis prexudicado».
Plazos de subvención
El desembolso también es un factor decisivo. El arquitecto Óscar Valcuende, que defiende que las ayudas deben seguir criterios estrictos para atender a las comunidades más necesitadas, reclamó ayer un cambio en las convocatorias que permita solicitar subvenciones durante todo el año y no durante un mes, como el último programa municipal, de 1,8 millones de euros. «Nadie elige cuándo necesita un ascensor o una rampa para una silla de ruedas. Las ayudas deberían poder pedirse siempre».
Las ayudas municipales cubren el 50 % del presupuesto con un límite de 5.000 euros por vivienda cuando algún vecino del edificio sufra problemas graves de movilidad, y el 30 % del coste de la obra, con un límite de 3.000 euros por propietario, cuando no se acredite esta incapacidad.
El presupuesto dependerá de la envergadura de la obra. Técnicamente el ascensor tiene cabida siempre, en el cañón de la escalera, a través del patio de luces, adosado a la fachada del edificio o, excepcionalmente, «quitando superficie del salón de las viviendas, como ya se ha hecho alguno en A Coruña», afirma Valcuende. Un cuadrado de 1 por 1 metro será suficiente. Cabrá una persona. Medio metro más y entrará una silla de ruedas.
El peso que cargará, la altura y la obra civil decidirán el coste final, desde los 40.000 euros de los más pequeños y fáciles de montar hasta los 130.000 de los complejos.