Condenan a los dueños de una asesoría por sustraer 31.000 euros a una comunidad vecinal
A CORUÑA CIUDAD
La administradora de fincas falsificaba recibos que cargaba a las cuentas del edificio
17 ene 2018 . Actualizado a las 12:40 h.Los propietarios de un edificio de la avenida de Hércules vivieron años ajenos a lo que les estaban haciendo los propietarios de la asesoría que habían contratado en el 2005 para que les llevaran y gestionaran las cuentas de la comunidad. Los residentes ignoraban que, periódicamente, los administradores retiraron diversas cantidades de dinero hasta alcanzar la cifra de 31.000 euros. Cuando lo descubrieron, la empresa quebró y no pudieron recuperar más que 4.000. Los vecinos pusieron el asunto en manos de la Justicia y los dueños de la asesoría fueron procesados por un delito de apropiación indebida.
Hace dos meses ocuparon el banquillo de los acusados y ahí negaron toda culpabilidad. La propietaria de la gestoría aseguró que en aquellas fechas ya estaba jubilada, mientras que su hijo reconoció que sí había retirado varias sumas de dinero, pero lo hacía para pagar deudas que atravesaba la empresa, cantidades que tenía pensado reintegrar. Ambos recordaron que la asesoría atravesaba por un mal momento económico.
Mucho más les costó explicar la manera en que se apropiaban del dinero. Según la Fiscalía, «la mecánica de la apropiación consistía en girar recibos ficticios contra la cuenta de la comunidad de propietarios en beneficio propio». Como los vecinos, añade la acusación pública, no podían controlar los saldos de forma regular, «estos tardaron en detectar los desfalcos».
En la sentencia también se recuerda que alguien de la empresa «que no ha podido ser identificado», con el fin de ocultar las disposiciones patrimoniales ilícitas, manipuló el libro de actas de la comunidad, certificando que en fecha de 15 de marzo del 2011 existía un saldo en la cuenta de obras de 89.000 euros, cuando en realidad, según extracto bancario, había 77.400.
Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 2 decidió condenar a los procesados a un año de prisión por un delito de apropiación indebida. También deberán indemnizar a la comunidad de propietarios. Los absuelve, en cambio, de falsedad documental.