María Pita solo anuló la licencia de la firma Urbher, propiedad del presidente de una asociación muy crítica con el gobierno local
12 ene 2018 . Actualizado a las 11:50 h.En febrero del 2017, el área municipal de Urbanismo inició un procedimiento para declarar caducadas las licencias de cuatro edificios en el polígono de Náutica. Al final solo se declaró anulada una, y ahora serán los tribunales de lo Contencioso-Administrativo los encargados de decidir si el gobierno local actuó bien, o debe dar marcha atrás y compensar a la firma afectada.
El trámite de caducidad se inició con el argumento de que parte de la documentación se entregó fuera de plazo y de que no había obras. Pero dos de las promotoras ya llevaban trabajando más de dos años. Una de ellas había levantado siete plantas de su inmueble y otra iba por la tercera.
Si culminaba la anulación de las licencias las pérdidas serían millonarias, ya que las empresas tendrían que adaptar sus edificios al nuevo plan general, lo que obligaría a derribar lo levantado.
A esas alturas ya había ejemplos prácticos de lo que podría ocurrir si las licencias se daban por caducadas. Un trámite similar de Urbanismo obligó a una de las promotoras que trabajaban en Tabacos a renunciar a lo que tenía construido. Ante las graves pérdidas, la firma gallega tuvo que vender a muy bajo precio la promoción a un fondo de inversión de Estados Unidos, que obtuvo una elevada rentabilidad, según fuentes del sector.
El intento de paralizar las licencias de Náutica provocó una fuerte reacción del sector, que tachó de «barbaridad» la decisión del departamento de Urbanismo.
Varela y la «manga ancha»
El concejal responsable, Xiao Varela, acusó a los promotores de estar acostumbrados a la «manga ancha» de «certos funcionarios máis permisivos», provocando un fuerte enfado entre la plantilla municipal y la oposición.
Pero en los meses siguientes Urbanismo empezó a recular, y archivó sin más consecuencias tres de los cuatro expedientes de caducidad. Solo uno siguió adelante y culminó en mayo del 2017, cuando el gobierno local rechazó los recursos presentados por la promotora perjudicada y declaró caducada su licencia para levantar un edificio de 30 pisos.
La empresa afectada es Urbher, propiedad del empresario Ángel Jove, que es presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco).
Urbanismo decretó la caducidad argumentando que la firma abandonó «por completo» la obra por no presentar parte de la documentación. La empresa considera que el abandono no se produjo, como atestiguarían diversos trámites realizados hasta entonces con el Ayuntamiento.
Cabe recordar que a comienzos del 2016, mucho antes de que se iniciase el procedimiento de caducidad de licencias en Náutica, Aproinco había sido muy crítica con la gestión del gobierno local en materia urbanística. En enero de aquel año, la asociación denunció la «paralización» del sector y, como otras entidades empresariales, advirtió que la ciudad pagaría esa falta de actividad en forma de puestos de trabajo. Los datos parecen haber confirmado sus temores: A Coruña fue la ciudad gallega que menos empleó creó en el 2017.
El Ayuntamiento tarda 30 meses en notificar que una obra no se puede hacer
La junta de gobierno aprobará hoy denegar al Grupo de Empresas Marte la licencia que había solicitado para reformar el edificio con los números 98-100-102 de la avenida Fernández Latorre.
La empresa planeaba invertir casi 2,47 millones de euros para reconstruir y ampliar el edificio, pero su proyecto no logró autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, que era preceptiva para dar la licencia.
Según consta en el informe municipal, Patrimonio resolvió no autorizar las obras solicitadas el 25 de junio del 2015. Pero el siguiente trámite del expediente, la notificación a la empresa interesada de la audiencia previa a la denegación de licencia municipal, no se produjo hasta el 2 de noviembre del 2017, cuando habían pasado casi 30 meses desde el informe del ente autonómico.
La empresa interesada presentó un recurso argumentando la «dilatada tramitación del expediente». El gobierno local considera que la firma es responsable de esa lentitud, ya que desde que solicitó la licencia, en el 2012, presentó diversas reformas del proyecto.
Multa de 50.000 euros a un pub del Orzán por superar el aforo
El gobierno local aprobará hoy imponer una sanción con multa de 50.000 euros a la entidad Via Farini S. L., que gestiona el pub Studio 54 en la calle Socorro, en la zona de marcha del Orzán. El Ayuntamiento considera que la firma ha cometido una supuesta infracción «moi grave» de la Ley de Emprendemento e da Competitividade Económica de Galicia, ya que según dos informes de la Policía Local se superaron los límites de aforo en ese local.
Los agentes hicieron recuentos del público en el local durante las madrugadas del 16 de abril y el 30 de julio del 2017. En ambos casos pudieron comprobar que se superaba el aforo máximo en más de un 25 %, lo que supone la citada infracción «moi grave».