Si hay un ejemplo de la insoportable levedad de lo que se llama nueva política es Ada Colau. Gracias a la buena fama que se ganó como activista antidesahucios, dio el salto a la política y ganó las municipales. Pero enseguida dejó claro que aspiraba a más que ser alcaldesa de Barcelona, aunque este puesto le viene ya muy grande. Como política, ha hecho de la ambigüedad calculada y del oportunismo su forma de actuar y en poco tiempo ha demostrado ser un absoluto bluf. Sostiene que no es independentista, pero votó Sí-Sí en la consulta del 9-N y promovió y participó en el referendo ilegal que sirvió a los secesionistas para declarar la república, con el intragable pretexto de que era una simple movilización. Además, coincide con ellos en su oposición frontal al artículo 155 y en la exigencia de que sean liberados los que para ella también son presos políticos. Precisamente, el sábado acudió a la manifestación convocada por los independentistas en favor de los reclusos que incluía en su lema «Somos república». Como a otras tantas en las que se ha pedido abiertamente la independencia. Después de que apenas se le haya oído una crítica a quienes han dado el mayor golpe al orden constitucional desde el 23-F, acusa ahora, ya haciendo campaña, al Gobierno cesado de llevar a Cataluña al desastre. Un intento desesperado de buscar un espacio entre independentistas y constitucionalistas, haciendo equilibrios en una equidistancia inmoral. En una última pirueta electoralista, ha roto su alianza con el PSC en el Ayuntamiento con el objetivo no confesado de desestabilizar y arrinconar a los socialistas de cara al 21D y, sobre todo, al día después. Eso sí, dejando que las bases de su partido lo decidan por ella con una pregunta inducida. Ada Colau no cuela.