El enfrentamiento político amenaza la apertura a la ciudad del puerto interior
A CORUÑA CIUDAD
Puertos, Ayuntamiento y Xunta podrían bloquearse entre ellas si no llegan a un pacto
14 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Tras el acuerdo alcanzado esta semana por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el de Puertos del Estado, José Llorca, para garantizar la titularidad pública de La Solana y los muelles de Calvo Sotelo y Batería, el alcalde acusó a Feijoo de «deslealdade» por no invitar al gobierno local a la reunión. Pero el presidente gallego había sido instado a mediar en el asunto por el propio pleno municipal de A Coruña, que aprobó una moción del PSOE que le conminaba, con nombre y apellidos, a intervenir y que fue respaldada por los socialistas, el PP y la Marea.
Es más, sin un acuerdo político, la apertura de los muelles del puerto a la ciudad podría fracasar. El Ayuntamiento, la Xunta y la Autoridad Portuaria -y por extensión Puertos del Estado y Fomento- tienen competencias para entorpecer o incluso bloquear el desarrollo de esos espacios por tiempo indefinido.
La Autoridad Portuaria. Es la propietaria de los terrenos y, hasta que los transfiera al Ayuntamiento, su consejo de administración tiene una amplia capacidad para decidir qué se hace allí, como ha sucedido hasta ahora. En caso extremo podría alargar ese trámite, pero su capacidad para transformar los muelles sin contar con el Ayuntamiento es limitada, ya que el plan general indica que la ordenación detallada del ámbito solo se producirá después de que los terrenos queden desafectados, y mientras tanto se regirán por el plan especial del puerto que está en vigor.
El Ayuntamiento. Tiene la competencia en materia urbanística, que le permitiría cambiar el plan general actual. Prácticamente todos los partidos están de acuerdo en la necesidad de dar ese paso, ya que el PGOM actual tiene sus orígenes en los años 2004-2005, cuando las condiciones del mercado inmobiliario eran muy distintas y preveía levantar miles de viviendas en los viejos muelles. También tiene la competencia para dar licencias de obra y apertura, por lo que las demás Administraciones tendrían complicado actuar sin su colaboración.
La Xunta. Si el Ayuntamiento decide cambiar el plan general, necesitará el visto bueno de la Administración autonómica, que podría poner inconvenientes a ese trámite si, por ejemplo, se ignoran los compromisos firmados en el 2004 para financiar Langosteira, unos compromisos que han firmado las tres Administraciones citadas y también Fomento.
El posible acuerdo deberá fraguarse a partir de la visita de José Llorca, presidente de Puertos, a María Pita. Está prevista para el próximo día 24, pero su principal objetivo -garantizar la titularidad pública de La Solana, Batería y Calvo Sotelo- ya estaría logrado tras el pacto entre la Xunta y Puertos. Claro que será necesario un pacto más amplio que abarque las necesidades de financiación del puerto exterior -la Autoridad Portuaria dejará de ingresar más de 25 millones al no subastar esos espacios-, el futuro concreto de cada uno de los muelles, una posible reducción de la edificabilidad en San Diego, o los costes del ferrocarril a Langosteira, sin el que no se podrá liberar de actividad portuaria ese último muelle.